Será en la próxima Junta de Gobierno cuando el texto definitivo se someta al visto bueno de los grupos para después remitirlo a Burgos. En caso de que la ordenanza fiscal se aprobada definitivamente sin modificación alguna cada domicilio mirandés deberá pagar al año 30,5 euros por el traslado de los residuos hasta Abajas y el mantenimiento del Consorcio. Situación a la que Campo espera que no se llegue, ya que en su opinión el acuerdo, «desde el punto de vista jurídico, incumple la ley de residuos de la Junta».
De todos modos, confía en que se pueda dar un giro a la situación amigablemente. «Espero que en el transcurso de este mes haya suficientes conversaciones para solucionar el tema», zanjó.





