De todas formas, si bien es cierto que hoy tenemos motivos y casi obligación de sentirnos satisfechos, pienso que debemos guardar cierta capacidad de resistencia para el futuro. Quizás peque de cenizo, pero me temo que una vez quede solucionado el problema en su vertiente jurídica, nos adentraremos en una fase nueva en la que la controversia se centrará en los aspectos económicos. El debate sobre los flujos financieros existentes entre las diferentes comunidades se va a colocar en el centro del debate político, ya que son varias las comunidades, y no solo Cataluña, que desean poner límites cuantitativos y temporales a la solidaridad interterritorial. Total, que después de haber demostrado que nuestra capacidad normativa puede convivir pacíficamente con el espacio fiscal común en el entorno europeo, nos va tocar ahora justificar que el sistema no provoca en la práctica situaciones insolidarias. ¿Seremos capaces?







