LA FISCALIDAD VASCA EN EL BANQUILLO
La Comisión encuentra un nuevo obstáculo para la armonización fiscal
El Ejecutivo de la UE ha sido el que ha planteado la mayor batalla contra la fiscalidad vasca
UNIÓN EUROPEA. Neelie Kroes, comisaria europea de Competencia, vigila las ayudas fiscales a las empresas. / REUTER
EL CONFLICTO
La posibilidad de que dentro de los estados existan regímenes fiscales diferenciados, con vida propia y un amplísimo margen de maniobra legislativa es, para la Comisión Europea, una mala noticia y una nueva piedra en su camino hacia la fracasada armonización de la imposición directa. Los intentos desarrollados hasta ahora por la Comisión para uniformizar los impuestos que pagan las 'personas físicas' y las empresas de la UE se han saldado con rotundos fracasos y, para colmo, la filosofía expresada ayer por la abogada general es todo un mensaje a la línea de flotación. Algo así como 'ya pueden ir olvidándose de la cuestión', salvo que la voluntad política de los estados lo remedie.
La resistencia
Y no parece que la voluntad política del momento vaya por ese camino. ¿Por qué hay estados que se resisten a algo que parece de sentido común, como que dos europeos, vivan donde vivan, soporten la misma presión fiscal? ¿Por qué una empresa española debe soportar un Impuesto de Sociedades un 60% más elevado que el de otra irlandesa? Pues porque muchos países, en especial los más fuertes, no están por la labor de perder el control de ese 'juguete' de los impuestos directos. Desmontadas las barreras arancelarias en las fronteras interiores; privatizadas buena parte de las empresas públicas y trasladada la competencia en materia monetaria al Banco Central Europeo -adiós a la máquina de fabricar billetes y al juego de las devaluaciones-, los estados apenas si disponen ya de mecanismos de intervención en sus respectivas economías nacionales. La política fiscal -hoy incentivo el I+D; mañana rebajo el tipo impositivo; pasado concedo deducciones por generación de empleo estable, etcétera, etcétera- es uno de los escasos reductos que les quedan.
Problema multiplicado
Si poner de acuerdo a 27 países sobre las bondades de la armonización fiscal se consideraba ya una tarea de titanes para los comisarios de la Unión, multiplicar ahora la aventura por tres o cuatro 'sistemas tributarios regionales' en cada Estado coloca la aspiración en el terreno de las batallas perdidas antes de lanzar el primer disparo.
La presencia de un abogado que representaba al Gobierno británico en la vista sobre la fiscalidad vasca celebrada el pasado mes de febrero en Luxemburgo -peluca de tirabuzones incluida-, con una encendida intervención en favor del Concierto Económico vasco y un dominio de la metodología del Cupo que haría enmudecer a la mitad de los asesores fiscales de Euskadi, era una muestra de la situación.
Quizá por ello, porque la armonización no tiene viento de cola, la Comisión se ha enfrascado durante años en la persecución de la fiscalidad vasca por otras vías. En especial su cuestionamiento desde el lado de la competencia, para sostener que, en muchos casos, las diferencias en el tratamiento impositivo de las empresas en la comunidad autónoma escondía, en realidad, ayudas de Estado que, salvo autorización previa, están perseguidas.
El informe de Juliane Kokott, ayer, atragantó el desayuno a más de un alto responsable de la Comisión Europea, que recibió en ese mismo texto un duro correctivo a sus planteamientos mas tradicionales.
La resistencia
Y no parece que la voluntad política del momento vaya por ese camino. ¿Por qué hay estados que se resisten a algo que parece de sentido común, como que dos europeos, vivan donde vivan, soporten la misma presión fiscal? ¿Por qué una empresa española debe soportar un Impuesto de Sociedades un 60% más elevado que el de otra irlandesa? Pues porque muchos países, en especial los más fuertes, no están por la labor de perder el control de ese 'juguete' de los impuestos directos. Desmontadas las barreras arancelarias en las fronteras interiores; privatizadas buena parte de las empresas públicas y trasladada la competencia en materia monetaria al Banco Central Europeo -adiós a la máquina de fabricar billetes y al juego de las devaluaciones-, los estados apenas si disponen ya de mecanismos de intervención en sus respectivas economías nacionales. La política fiscal -hoy incentivo el I+D; mañana rebajo el tipo impositivo; pasado concedo deducciones por generación de empleo estable, etcétera, etcétera- es uno de los escasos reductos que les quedan.
Problema multiplicado
Si poner de acuerdo a 27 países sobre las bondades de la armonización fiscal se consideraba ya una tarea de titanes para los comisarios de la Unión, multiplicar ahora la aventura por tres o cuatro 'sistemas tributarios regionales' en cada Estado coloca la aspiración en el terreno de las batallas perdidas antes de lanzar el primer disparo.
La presencia de un abogado que representaba al Gobierno británico en la vista sobre la fiscalidad vasca celebrada el pasado mes de febrero en Luxemburgo -peluca de tirabuzones incluida-, con una encendida intervención en favor del Concierto Económico vasco y un dominio de la metodología del Cupo que haría enmudecer a la mitad de los asesores fiscales de Euskadi, era una muestra de la situación.
Quizá por ello, porque la armonización no tiene viento de cola, la Comisión se ha enfrascado durante años en la persecución de la fiscalidad vasca por otras vías. En especial su cuestionamiento desde el lado de la competencia, para sostener que, en muchos casos, las diferencias en el tratamiento impositivo de las empresas en la comunidad autónoma escondía, en realidad, ayudas de Estado que, salvo autorización previa, están perseguidas.
El informe de Juliane Kokott, ayer, atragantó el desayuno a más de un alto responsable de la Comisión Europea, que recibió en ese mismo texto un duro correctivo a sus planteamientos mas tradicionales.
