ECONOMÍA
De vuelta a la justicia española
El 'blindaje' del Concierto adquiere mayor trascendencia tras el informe de Juliane Kokott
09.05.08 -
Si el Tribunal de Luxemburgo admite como buena la tesis expuesta por la abogada general sobre la fiscalidad vasca -lo hace en el 80% de los casos-, comenzará una nueva 'ronda judicial', esta vez en España. El informe conocido ayer, sostienen expertos consultados por EL CORREO, tiene una gran trascendencia por lo que supone de espaldarazo a la singularidad fiscal de Euskadi, pero también abre una nueva puerta para que continúen los conflictos judiciales en torno al Impuesto de Sociedades.
«No podía ser de otra manera», aseguran las mismas fuentes, al señalar que tendrán que ser los tribunales españoles quienes tengan la última palabra. La abogada general sostiene que todos los indicios apuntan a que el País Vasco tiene autonomía para dictar sus normas y también asume de forma unilateral el riesgo financiero que esto implica, pero se cuida mucho de ofrecer una conclusión definitiva. Parece que es así, viene a decir Kokott, pero deberán ser los tribunales españoles quienes aclaren la cuestión.
Tribunal Supremo
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco deberá ser el primero en pronunciarse sobre los numerosos recursos presentados por los gobiernos de La Rioja y Castilla y León y su misión no será otra que decidir, precisamente, si eso que Juliane Kokott cree aparente es real y si, por tanto, la 'foto fiscal' de Euskadi encaja en las Azores.
Aunque hacer predicciones respecto a los pronunciamientos judiciales es un juego de altísimo riesgo, todos los expertos consultados aseguran ya que el Tribunal Superior del País Vasco lo dará por bueno y ratificará que las diputaciones pueden elaborar sus propios impuestos sin romper con ello la legalidad de la Unión Europea. Javier Murgoitio, el magistrado de la Sala de lo Contencioso responsable de estos casos -el que decidió precisamente llevar el asunto a Luxemburgo- se ha destacado siempre en todas sus sentencias por un exquisito respeto al Concierto Económico.
En la misma senda de predicción, todo hace indicar que los gobiernos de La Rioja y Castilla y León no se van a sentir satisfechos ni van a aceptar el resultado sin intentar la última de las vías posibles: el recurso al Tribunal Supremo que, en definitiva, sería el encargado de zanjar la cuestión.
Cambio de rumbo
Los dos últimos autos del Supremo respecto a cuestiones fiscales vascas han supuesto un cambio de trayectoria respecto a la decisión adoptada a finales de 2004, que llevó a la ilegalización del Impuesto de Sociedades vasco. El alto tribunal admitió que la 'sentencia Azores' debía ser considerada y, si se cumplen los pronósticos, tendrá la oportunidad de hacerlo.
Desde numerosos estamentos políticos se argumentaba ayer que, de acuerdo con la senda que traza el informe de la abogada general, «es aún más apremiante un acuerdo en el Parlamento de Madrid para blindar el Concierto Económico» -hasta ahora han fracasado todos los intentos-, lo que permitiría sacar los procesos judiciales sobre la fiscalidad vasca de la justicia ordinaria. Con ello, mediante la equiparación de las normas forales a las leyes de cualquier parlamento, sería el Tribunal Constitucional el único órgano capaz de adoptar decisiones en la controvertida materia.
«No podía ser de otra manera», aseguran las mismas fuentes, al señalar que tendrán que ser los tribunales españoles quienes tengan la última palabra. La abogada general sostiene que todos los indicios apuntan a que el País Vasco tiene autonomía para dictar sus normas y también asume de forma unilateral el riesgo financiero que esto implica, pero se cuida mucho de ofrecer una conclusión definitiva. Parece que es así, viene a decir Kokott, pero deberán ser los tribunales españoles quienes aclaren la cuestión.
Tribunal Supremo
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco deberá ser el primero en pronunciarse sobre los numerosos recursos presentados por los gobiernos de La Rioja y Castilla y León y su misión no será otra que decidir, precisamente, si eso que Juliane Kokott cree aparente es real y si, por tanto, la 'foto fiscal' de Euskadi encaja en las Azores.
Aunque hacer predicciones respecto a los pronunciamientos judiciales es un juego de altísimo riesgo, todos los expertos consultados aseguran ya que el Tribunal Superior del País Vasco lo dará por bueno y ratificará que las diputaciones pueden elaborar sus propios impuestos sin romper con ello la legalidad de la Unión Europea. Javier Murgoitio, el magistrado de la Sala de lo Contencioso responsable de estos casos -el que decidió precisamente llevar el asunto a Luxemburgo- se ha destacado siempre en todas sus sentencias por un exquisito respeto al Concierto Económico.
En la misma senda de predicción, todo hace indicar que los gobiernos de La Rioja y Castilla y León no se van a sentir satisfechos ni van a aceptar el resultado sin intentar la última de las vías posibles: el recurso al Tribunal Supremo que, en definitiva, sería el encargado de zanjar la cuestión.
Cambio de rumbo
Los dos últimos autos del Supremo respecto a cuestiones fiscales vascas han supuesto un cambio de trayectoria respecto a la decisión adoptada a finales de 2004, que llevó a la ilegalización del Impuesto de Sociedades vasco. El alto tribunal admitió que la 'sentencia Azores' debía ser considerada y, si se cumplen los pronósticos, tendrá la oportunidad de hacerlo.
Desde numerosos estamentos políticos se argumentaba ayer que, de acuerdo con la senda que traza el informe de la abogada general, «es aún más apremiante un acuerdo en el Parlamento de Madrid para blindar el Concierto Económico» -hasta ahora han fracasado todos los intentos-, lo que permitiría sacar los procesos judiciales sobre la fiscalidad vasca de la justicia ordinaria. Con ello, mediante la equiparación de las normas forales a las leyes de cualquier parlamento, sería el Tribunal Constitucional el único órgano capaz de adoptar decisiones en la controvertida materia.
