Se trata en concreto de N.O.S, P.A.O.B. y J.A.J.B.R, que fueron detenidos el pasado mes de enero en Logroño por presunto tráfico de estupefacientes, interviniéndose en aquellos momentos a los arrestados una cantidad cercana a los cuatrocientos gramos de cocaína.
Con el fin de evitar que los autores de delitos de tráfico de estupefacientes se aprovechen de los beneficios obtenidos por los mismos, y dado el grado de complejidad de este tipo de indagaciones, se constituyó un equipo de investigación conjunta entre el Grupo de Vigilancia Aduanera de la Delegación de la Agencia Tributaria en la Rioja y el Grupo de Estupefacientes de La Jefatura Superior de Policía.
Las investigaciones desarrolladas por los miembros de este equipo, agrega la nota policial, han sacado a la luz la existencia de un fraude de 208.584 euros, que dichas personas habrían obtenido, presuntamente, de la venta de sustancias estupefacientes, así como de la prostitución.
Dos de ellos en prisión
La Operación se inició el pasado mes de enero, tras la intervención policial por narcotráfico contra los mismos individuos, analizándose muy diversa documentación que llevó a los agentes al convencimiento de que la disponibilidad económica no se correspondía en absoluto con los ingresos legalmente declarados.
La citada investigación puso de manifiesto, entre otras cosas, que estas tres personas detenidas llevaban un alto nivel de vida, disponiendo de vehículos de alta gama y de varios domicilios en Logroño equipados con electrodomésticos de última generación y muebles de diseño.
Dos de los arrestados, concretamente P.A.O.B. y J.A.J.B.R., se encuentran internados en el Centro Penitenciario de Logroño por su participación en el delito de tráfico de estupefacientes por el que fueron detenidos en enero, mientras que el tercero, N.O.S. se halla en estos momentos en libertad con cargos por su implicación en el mismo hecho.
Las diligencias instruidas a raíz de que se tuviera conocimiento del destino que dieron al dinero obtenido con la droga se han remitidas a las autoridades judiciales, que son quienes deben decidir sobre las acciones legales a emprender contra los implicados.





