vista en el juzgado mercantil de bilbao
Iberdrola declara ante el juez que EDF, "el vehículo del Estado francés", planea hacerse con ella
La compañía gala se defiende calificando de "absolutamente injustificadas" las medidas cautelares impuestas por el magistrado y pidiendo su retirada
09.05.08 - 15:52 -
El titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao, Edorta Josu Etxarandio. / Telepress
El letrado ha argumentado que la pretensión de EDF es "perjudicar la situación de un competidor suyo" y por tanto, confía en que al analizar el fondo del asunto la Justicia considere probado que la francesa ha cometido un delito de competencia desleal, en su operación para dominar el mercado eléctrico español. Iberdrola ha rechazado que haya consentido que se mantuviera la desinformación al respecto para favorecer el encarecimiento del valor de la compañía.
A su juicio, EDF "ganaría siempre" de los "rumores" en torno a la supuesta operación de compra, tanto en el supuesto de que llegara a adquirir Iberdrola porque la compañía vasca "llegaría a valer menos", como si la operación fracasa, porque habría logrado dañar su imagen y situación en el mercado. "Iberdrola tiene la reputación que tiene, porque no se deja manosear", ha asegurado su abogado y, "si quieren ustedes presentar una OPA, preséntenla", pero, en este momento, ha advertido, "estamos ante una actuación contraria a la más elemental buena fe y contraria a las mejores prácticas del mercado".
Por ello, ha pedido al juez que mantenga las medidas que ya dicto en su auto del 25 de marzo y que exigían a EDF que aclarara sus propósitos para que, entre tanto, Iberdrola no se vea perjudicada y pueda continuar desarrollando su actividad "sin injerencias". Iberdrola ha pedido al juez que la caución o garantía que se le reclama sea "forzosamente moderada" ya que de otra forma se privaría a la empresa de la posibilidad de la tutela judicial efectiva, y que se desestime los más de 200.000 euros demandados por EDF
Defensa de EDF
Por su parte, EDF ha pedido esta mañana la retirada de las medidas cautelares impuestas en marzo por el titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao, Edorta Josu Etxarandio, que ha calificado de "absolutamente injustificadas", y ha afirmado que si el magistrado no se aviene a ello establezca una caución sustitutoria de 200.000 euros. La eléctrica presidida por Pierre Gadonneix presentó a comienzos de abril una declinatoria de competencia internacional en la que argumentaba que no era competencia del juez de Bilbao pronunciarse sobre esta cuestión.
Por su parte, EDF ha pedido esta mañana la retirada de las medidas cautelares impuestas en marzo por el titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao, Edorta Josu Etxarandio, que ha calificado de "absolutamente injustificadas", y ha afirmado que si el magistrado no se aviene a ello establezca una caución sustitutoria de 200.000 euros. La eléctrica presidida por Pierre Gadonneix presentó a comienzos de abril una declinatoria de competencia internacional en la que argumentaba que no era competencia del juez de Bilbao pronunciarse sobre esta cuestión.
A finales de abril, Etxarandio rechazó la declinatoria de EDF y dijo ser competente para pronunciarse sobre la materia, ya que los efectos dañosos que se imputan al grupo francés se producen en Vizcaya. Ante la disposición de EDF a mantener contactos con ACS acerca de una posible operación en Iberdrola, la eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán recurrió a esta instancia. A consecuencia de esta iniciativa, el 25 de marzo el juez dictó un auto en el que imponía medidas cautelares, tras observar que la actitud de EDF dañaba la actividad de Iberdrola.
En aquel auto, el magistrado emplazó al grupo francés a difundir en varios medios de comunicación nacionales y extranjeros cuáles eran sus intenciones sobre esta materia. Tras enviar el grupo de Gadonneix su declinatoria de competencia, en la que sólo se reconocía para el análisis de este caso a los jueces franceses, Iberdrola reaccionó solicitando al juzgado número 2 de lo Mercantil de Bilbao la ejecución forzosa de las medidas cautelares contra EDF , acompañada de un apercibimiento expreso a la compañía gala en el que se le informe de que el incumplimiento de las mismas le hará incurrir en un delito de desobediencia.
Competencia del juez
Competencia del juez
En el auto de finales de abril en el que, entre otros aspectos, se convocaba la vista de hoy, el juez dice ser competente para pronunciarse sobre este asunto, ya que es "en el territorio histórico de Vizcaya, en todo el Reino, y más allá, en buen parte del globo", donde se producen los efectos dañosos que se imputan a EDF por parte de Iberdrola.
No obstante, la resolución judicial admite que "los tribunales del Reino de España no pueden tener atribuida la potestad de reconocer y resolver todos los conflictos, sobre cualquier materia, y entre todas las personas, puesto que los tribunales de otros estados también ejercen potestad jurisdiccional", lo que limita su jurisdicción.
Sin embargo, según el auto, no son admisibles los argumentos de EDF porque en el procedimiento cautelar no es posible plantear declinatoria, al tratarse una tutela provisional y sometida a que el juez examine de oficio su competencia y la admita, como es el caso. Asimismo, hace referencia a la argumentación de EDF que afirmaba la imposibilidad de admitir la competencia de los tribunales españoles aplicando, como sostenía Iberdrola, el Reglamento de la Unión Europea conocido como "Bruselas II", del año 2000, relativo a la competencia judicial y reconocimiento y ejecución de resoluciones civiles y mercantiles.
El juez desmiente esta tesis al considerar que no se está ejecutando una resolución definitiva, sino adoptando una medida cautelar, supeditada a lo que en definitiva disponga la sentencia, por lo que el reglamento es de aplicación.
