El Correo Digital

La oposición del vicepresidente Pedro Solbes a que se impida «artificialmente» el necesario reajuste del sector inmobiliario sugiere su rechazo a aquellas intervenciones institucionales que puedan apuntalar con medidas extraordinarias una actividad hoy en declive, entorpeciendo con ello el cambio hacia un modelo menos dependiente de la construcción. Si el mantenimiento por parte del BCE de los tipos de interés en el 4% y las nuevas restricciones crediticias explican la notable caída registrada en la compraventa de viviendas, factores como las sucesivas quiebras registradas entre las compañías constructoras -la última, la vasca Urazca-, la pérdida de confianza y la ralentización económica global permiten anticipar que la eventual recuperación en el futuro del sector inmobiliario no llegará a reproducir el auge desmedido de la última década. Parecería razonable, por tanto, que las administraciones desistan de aquellas decisiones que puedan enmascarar de manera ficticia las carencias de una actividad que precisaba de un enfriamiento.

Es de suponer que, a tenor de los planteamientos de Solbes, iniciativas gubernamentales previstas como la promoción de las rehabilitaciones de edificios, la agilización de las licitaciones de obra pública o el impulso a las construcciones de protección oficial no deberían fomentar en ningún caso aquellas disfunciones que han contribuido a crear la burbuja inmobiliaria, ni se consignarán medidas que alimenten el modelo económico basado en la posesión generalizada de un piso en propiedad. Un modelo que sólo podrá enderezarse a partir de la asunción por parte de las distintas administraciones de los errores cometidos -entre ellos, la apuesta tardía por el alquiler-, con la readecuación de la actividad empresarial y con la aceptación de que la vivienda ya no puede ofrecer los beneficios financieros de antaño.