EDITORIAL
La mejor noticia
09.05.08 -
El informe de la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE, hecho público ayer, supone un importante espaldarazo a la postura defendida por las instituciones políticas y las organizaciones empresariales vascas sobre la autonomía normativa del Concierto Económico. Si, como viene siendo habitual, el Tribunal de Luxemburgo hace suyas las conclusiones emitidas por la abogada general, el Concierto tendrá unas bases firmes para lograr un acomodo confortable en el espacio europeo, lo que permitirá también su pacífica convivencia con el régimen fiscal propio del territorio común.
El Tribunal Superior del País Vasco, atenazado en medio de una tupida maraña de procesos casi nunca coherentes entre sí, adoptó a finales de 2006 la decisión de elevar a Luxemburgo, tras hacerse pública la trascendental y clarificadora 'sentencia de las Azores', una consulta prejudicial. La suerte final de la capacidad normativa en materia fiscal de las diputaciones forales quedaba así en manos del Tribunal europeo. Las comunidades autónomas limítrofes con Euskadi han considerado siempre que la singularidad vasca supone una afrenta legal que les provoca perjuicios económicos, aunque sin llegar nunca a concretarlos ni explicitarlos. Y han encontrado un inestimable aliado en la Comisión Europea, que ha cosechado grandes fracasos en su caminar hacia la armonización fiscal en la Unión y que intenta evitar la generalización de espacios fiscales infranacionales. De ahí la pertinencia de la consulta del TSJPV, dirigida directamente al núcleo del asunto, y la relevancia de la respuesta por parte de Luxemburgo.
Las conclusiones de la abogada general, reconociendo la capacidad de un territorio infraestatal para disponer de autonomía tributaria, siempre que cumpla una serie de requisitos -Euskadi está en disposición de hacerlo-, representan, por tanto, un respaldo a las tesis favorables al Concierto y a su anclaje europeo. Es evidente que aún falta la resolución del Tribunal de Justicia de la UE y que, una vez producida, deberá ser el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el que tenga que pronunciarse, pero el contenido del informe es la mejor noticia que ha recibido el Concierto desde que España, en 1986, entró a formar parte de la Comunidad Económica Europea. Entonces no se buscó su consolidación jurídica en el espacio comunitario, siempre reticente ante las peculiaridades que entorpecen las necesarias armonizaciones, y en este tiempo tampoco se ha realizado una imprescindible labor explicativa. Pero, más de veinte años después, se está a punto de dar un paso decisivo para que el Concierto encuentre, por fin, su encaje en la nueva realidad política y económica de la UE y para frenar su dañina judicialización.
El Tribunal Superior del País Vasco, atenazado en medio de una tupida maraña de procesos casi nunca coherentes entre sí, adoptó a finales de 2006 la decisión de elevar a Luxemburgo, tras hacerse pública la trascendental y clarificadora 'sentencia de las Azores', una consulta prejudicial. La suerte final de la capacidad normativa en materia fiscal de las diputaciones forales quedaba así en manos del Tribunal europeo. Las comunidades autónomas limítrofes con Euskadi han considerado siempre que la singularidad vasca supone una afrenta legal que les provoca perjuicios económicos, aunque sin llegar nunca a concretarlos ni explicitarlos. Y han encontrado un inestimable aliado en la Comisión Europea, que ha cosechado grandes fracasos en su caminar hacia la armonización fiscal en la Unión y que intenta evitar la generalización de espacios fiscales infranacionales. De ahí la pertinencia de la consulta del TSJPV, dirigida directamente al núcleo del asunto, y la relevancia de la respuesta por parte de Luxemburgo.
Las conclusiones de la abogada general, reconociendo la capacidad de un territorio infraestatal para disponer de autonomía tributaria, siempre que cumpla una serie de requisitos -Euskadi está en disposición de hacerlo-, representan, por tanto, un respaldo a las tesis favorables al Concierto y a su anclaje europeo. Es evidente que aún falta la resolución del Tribunal de Justicia de la UE y que, una vez producida, deberá ser el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el que tenga que pronunciarse, pero el contenido del informe es la mejor noticia que ha recibido el Concierto desde que España, en 1986, entró a formar parte de la Comunidad Económica Europea. Entonces no se buscó su consolidación jurídica en el espacio comunitario, siempre reticente ante las peculiaridades que entorpecen las necesarias armonizaciones, y en este tiempo tampoco se ha realizado una imprescindible labor explicativa. Pero, más de veinte años después, se está a punto de dar un paso decisivo para que el Concierto encuentre, por fin, su encaje en la nueva realidad política y económica de la UE y para frenar su dañina judicialización.
