RELIGIÓN
El Gobierno no contempla revisar los acuerdos entre el Estado y el Vaticano
La actualización de la Ley de Libertad Religiosa pretende adecuar el texto al «pluralismo actual de creencias»
LAS FRASES
La revisión de los acuerdos Iglesia-Estado, vigentes desde 1979, no figura en las previsiones del Gobierno para esta legislatura, pese a las presiones de los sectores más laicos del PSOE, que no han olvidado la ofensiva del sector más duro de la jerarquía católica en las semanas previas a las elecciones generales. Lo que sí ha puesto en marcha el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero es la actualización de la Ley de Libertad Religiosa, que cumple 28 años. El coordinador de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, reclamó ayer que la previsión gubernamental incluya la reconsideración de las relaciones con el Vaticano.
La voluntad de abrir una «reflexión» sobre la mencionada ley orgánica figuraba en el programa electoral del PSOE, que lo incorporó a última hora después de eliminar otras propuestas como la creación de un Observatorio de Laicidad. La cuestión ya había sido debatida en la subcomisión de Laicidad antes de pasar a la conferencia política del partido. La pretensión inicial era abrir un debate sobre el texto legal en la segunda parte de la legislatura, al coincidir con su treinta aniversario, buscando siempre el máximo consenso, como ocurrió cuando fue aprobada.
La vicepresidenta primera del Gobierno, sin embargo, la colocó el miércoles en el frontispicio de la legislatura, como uno de los objetivos prioritarios junto a la reforma de la ley electoral y un plan de derechos humanos. En algunos medios se interpreta este adelanto como una concesión a los sectores más laicistas, entre ellos el que lidera el presidente de la comisión de Justicia y miembro de la ejecutiva federal, Alvaro Cuesta, que reclaman también una ampliación de la Ley del Aborto, terreno en el que el Gobierno se mueve con mayor cautela.
María Teresa Fernández de la Vega adelantó que se trata de adecuar la ley al pluralismo actual y garantizar el derecho fundamental de la libertad de conciencia. Así, se incorporarían los acuerdos vigentes entre el Estado y otras confesiones, además de la jurisprudencia del Constitucional de los últimos años. La vicepresidenta, que rechaza las tutelas morales impuestas, mantiene que la cooperación con las Iglesias no supone menoscabo a la laicidad del Estado. El «avance en la laicidad» se mantendría, por ahora, en las actuales coordenadas
El coordinador federal de Cristianos Socialistas, Carlos García de Andoín, asegura que esta iniciativa no se plantea «como un arma arrojadiza», sino que es una «gran oportunidad» para hablar del papel público que corresponde a las creencias religiosas». El coordinador aboga por un debate que huya del dogmatismo, «sin exacerbar el enfrentamiento».
Aplauso musulmán
La iniciativa del Gobierno ha sido saludada ya por los líderes de las organizaciones musulmanas presentes en España, que reclaman una equiparación con la Iglesia católica «en materia de derechos y obligaciones». La reunión del Comité Ejecutivo del Episcopado, que se celebró ayer, se cerró sin ninguna valoración oficial.
El arzobispo de Burgos, Francisco Gil Hellín, reclamó que la reforma no vaya «contra la fe mayoritaria», mientras que el PP pidió al Gobierno que «se deje de cerrar iglesias» y se ocupe de «solucionar» los problemas. La cúpula de la Iglesia española tendrá ocasión de informar sobre esta iniciativa a Benedicto XVI en persona, en la visita que realizará al Vaticano el comité ejecutivo de la Conferencia Episcopal el próximo día 19.
La voluntad de abrir una «reflexión» sobre la mencionada ley orgánica figuraba en el programa electoral del PSOE, que lo incorporó a última hora después de eliminar otras propuestas como la creación de un Observatorio de Laicidad. La cuestión ya había sido debatida en la subcomisión de Laicidad antes de pasar a la conferencia política del partido. La pretensión inicial era abrir un debate sobre el texto legal en la segunda parte de la legislatura, al coincidir con su treinta aniversario, buscando siempre el máximo consenso, como ocurrió cuando fue aprobada.
La vicepresidenta primera del Gobierno, sin embargo, la colocó el miércoles en el frontispicio de la legislatura, como uno de los objetivos prioritarios junto a la reforma de la ley electoral y un plan de derechos humanos. En algunos medios se interpreta este adelanto como una concesión a los sectores más laicistas, entre ellos el que lidera el presidente de la comisión de Justicia y miembro de la ejecutiva federal, Alvaro Cuesta, que reclaman también una ampliación de la Ley del Aborto, terreno en el que el Gobierno se mueve con mayor cautela.
María Teresa Fernández de la Vega adelantó que se trata de adecuar la ley al pluralismo actual y garantizar el derecho fundamental de la libertad de conciencia. Así, se incorporarían los acuerdos vigentes entre el Estado y otras confesiones, además de la jurisprudencia del Constitucional de los últimos años. La vicepresidenta, que rechaza las tutelas morales impuestas, mantiene que la cooperación con las Iglesias no supone menoscabo a la laicidad del Estado. El «avance en la laicidad» se mantendría, por ahora, en las actuales coordenadas
El coordinador federal de Cristianos Socialistas, Carlos García de Andoín, asegura que esta iniciativa no se plantea «como un arma arrojadiza», sino que es una «gran oportunidad» para hablar del papel público que corresponde a las creencias religiosas». El coordinador aboga por un debate que huya del dogmatismo, «sin exacerbar el enfrentamiento».
Aplauso musulmán
La iniciativa del Gobierno ha sido saludada ya por los líderes de las organizaciones musulmanas presentes en España, que reclaman una equiparación con la Iglesia católica «en materia de derechos y obligaciones». La reunión del Comité Ejecutivo del Episcopado, que se celebró ayer, se cerró sin ninguna valoración oficial.
El arzobispo de Burgos, Francisco Gil Hellín, reclamó que la reforma no vaya «contra la fe mayoritaria», mientras que el PP pidió al Gobierno que «se deje de cerrar iglesias» y se ocupe de «solucionar» los problemas. La cúpula de la Iglesia española tendrá ocasión de informar sobre esta iniciativa a Benedicto XVI en persona, en la visita que realizará al Vaticano el comité ejecutivo de la Conferencia Episcopal el próximo día 19.
