El Correo Digital

Serán sólo 9.000 euros, pero «nos vendrán muy bien ahora que se habla tanto de la crisis». Jesús María y Araceli forman la primera familia que cobrará una indemnización por los daños morales que las administraciones cántabras han causado a cientos de vizcaínos que viven desde hace más de diez años pendientes de la ejecución de una sentencia de derribo. El Tribunal Supremo acaba de ratificar un fallo judicial que culpaba al Gobierno regional y al Ayuntamiento de Argoños de esta situación y que les obligaba a compensar económicamente el sufrimiento del matrimonio.

Han sido los primeros, pero esperan «no ser los últimos». Otros 300 propietarios, a los que se les ha reconocido el mismo derecho en primera instancia, están pendientes de que se resuelvan los recursos planteados por las instituciones. «A ver si los magistrados comienzan a hacer algo de Justicia», exige Jesús María.

La odisea de esta pareja que regenta en Zorroza un almacén de venta al por mayor de artículos para tiendas de 'todo a cien' comenzó hace ahora diez años. «Fue allá por 1997 ó 1998, yo ya casi no me acuerdo», explica Araceli. «Vimos una promoción de viviendas unifamiliares en Argoños. La urbanización se llamaba Las Llamas y nos gustó la idea. Compramos sobre plano una casita con dos habitaciones», evoca su marido. Al principio todo parecía ir bien. Sin embargo, un día se enteraron «por casualidad» que les habían condenado a derribo pese a tener todas las licencias en regla. La asociación ecologista ARCA había denunciado la promoción. «El alcalde sabía que había metido la pata y guardó la sentencia en un cajón. Nos lo ocultó durante mucho tiempo». No se lo perdonan.

Desde entonces, lo que iban a ser fines de semana de asueto y descanso en el pequeño pueblo cántabro se convirtieron en duras jornadas de trabajo, abogados, reuniones de afectados y manifestaciones de protesta. «Cuando aún no había acabado la obra, el constructor dijo que se había arruinado, así que hizo las maletas y se marchó», cuenta Jesús María. «Los vecinos nos vimos forzados a crear una comunidad. Empezamos a poner muchísimo dinero para contratar la urbanización de las calles, la colocación de las farolas y otras tareas que el promotor había dejado sin hacer. Hasta tuvimos que levantas dos chalés que habían sido reducidos a escombros por el derrumbamiento de una ladera».

Construir y reparar aún sabiendo que en un futuro no muy lejano las máquinas volverían, pero no a edificar, sino a destruir y derribar. «¿Qué otra cosa podíamos hacer! Aquello era una trampa», asegura el comerciante.

«Seguiremos en la lucha»

Pese a llevar arrastrando esa pesada losa durante una década, el matrimonio no pierde el humor ni la esperanza. «A mí todo esto no me ha quitado el sueño», se conjura Jesús María.«Sólo me ha encabritado, porque si te metes en una calle oscura es posible que un delincuente te robe con una jeringuilla, pero lo grave es que el que te atraca a plena luz del día es un alcalde, vestido de traje, y encima nadie hace nada para defenderte. Eso es lo duro y lo vergonzoso».

Una vez que cobren la indemnización por daños morales, la pareja con negocio en Zorroza seguirá «luchando hasta el final» para que legalicen sus viviendas. «Esto no ha acabado. Ni mucho menos. Continuaremos yendo a las manifestaciones. Al menos, al gritar te desahogas», concluyen.