POLÍTICA
El Gobierno dice que la reforma de la Ley de Libertad Religiosa «no va contra nadie»
La vicepresidenta asegura que «habrá contactos» con el Episcopado y descarta una confrontación con la Iglesia
10.05.08 -
El Gobierno y la dirección del PSOE coincidieron ayer en lanzar un mensaje de «tranquilidad» sobre el alcance de la reforma de la Ley de Libertad Religiosa, anunciada por la vicepresidenta primera en el Congreso de los Diputados el pasado miércoles. María Teresa Fernández de la Vega aseguró que la iniciativa «no va contra nadie» y el secretario de organización del PSOE, José Blanco, mantuvo que «no se pretende agredir a nadie».
«Esta iniciativa -defendió ayer la vicepresidenta- no es contra nadie, sino para amparar y proteger a todos, a quienes creen y a quienes no creen». Sobre si ha mantenido contactos con la Conferencia Episcopal Española, De la Vega respondió que la obligación del Gobierno es comunicar sus planes, en primera instancia, «a los representantes del Parlamento», y añadió que «por supuesto» habrá contactos con el Episcopado. Descartó que pueda haber «confrontación» con los obispos, puesto que «nunca nos hemos confrontado». «Ha habido discrepancias, pero las relaciones son correctas; de diálogo, de cooperación, de respeto y de búsqueda de acuerdos», añadió.
El anuncio de que en esta legislatura se reformará la Ley de Libertad Religiosa causó una cierta sorpresa a a los diputados socialistas de la Comisión Constitucional del Congreso, ante quienes expuso sus planes. La conveniencia de modificar o no esta normativa fue ampliamente discutida durante los meses previos a las elecciones del 9 de marzo, justo en plena polémica con la Conferencia Episcopal por sus críticas a la política de José Luis Rodríguez Zapatero. Finalmente, se consideró abrir una «reflexión», pero sin demasiadas prisas.
El programa electoral recogía que el PSOE «promoverá, transcurridos treinta años de vigencia de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, una reflexión orientada, en su caso, y con amplio consenso, a valorar la posible modificación de aquellos aspectos de la norma para la mejor garantía de la libertad y el pluralismo religioso».
Fue una redacción premeditadamente ambigua para diluir el asunto. Por eso, no faltan socialistas sorprendidos con que de aquella promesa difusa se haya pasado a la determinación firme de abordar la reforma. Algunos líderes socialistas recuerdan que Zapatero no hizo mención alguna de la cuestión en su discurso de investidura el 8 de abril. «Lo que Zapatero ha propuesto es un aggiornamento (actualización) radical de nuestra agenda política, que decía que dejemos para siempre de discutir sobre curas y sobre banderas».
En el entorno de La Moncloa aseguran que, tras el anuncio de María Teresa Fernández, está el propio presidente del Gobierno. «Es el primero que cree que esa ley tiene que actualizarse», afirman. Y precisan que si Rodríguez Zapatero no habló de ello en su investidura fue porque dejó para la comparecencia de su 'número dos' las iniciativas legislativas concretas; es decir, se trata de un mero reparto de papeles.
La incógnita del cambio
Lo que aún nadie detalla es qué se cambiará en esa ley. El ministro de Justicia, supuestamente encargado de la materia, no sabe nada del asunto, que probablemente correrá a cargo de la propia vicepresidenta. Fuentes gubernamentales aseguran que se trata de incorporar los convenios adquiridos con otras confesiones distintas a la católica y de introducir mayores garantías para el ejercicio de la libertad de conciencia. Ayer arreciaron las voces que insisten en una revisión de los acuerdos Iglesia-Estado.
El anuncio de la vicepresidenta despertó ayer nuevas adhesiones por parte de movimientos a favor del laicismo y críticas por quienes consideran que la reforma será una «restricción». En el plano político, el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, advirtió al Gobierno de que se opondrá a cualquier intento de fomentar el «laicismo». En su opinión, el Ejecutivo no debería «sustituir la laicidad del Estado por un laicismo que promueva reducir el factor religioso al ámbito privado, negándole todo espacio y toda expresión pública».
«Esta iniciativa -defendió ayer la vicepresidenta- no es contra nadie, sino para amparar y proteger a todos, a quienes creen y a quienes no creen». Sobre si ha mantenido contactos con la Conferencia Episcopal Española, De la Vega respondió que la obligación del Gobierno es comunicar sus planes, en primera instancia, «a los representantes del Parlamento», y añadió que «por supuesto» habrá contactos con el Episcopado. Descartó que pueda haber «confrontación» con los obispos, puesto que «nunca nos hemos confrontado». «Ha habido discrepancias, pero las relaciones son correctas; de diálogo, de cooperación, de respeto y de búsqueda de acuerdos», añadió.
El anuncio de que en esta legislatura se reformará la Ley de Libertad Religiosa causó una cierta sorpresa a a los diputados socialistas de la Comisión Constitucional del Congreso, ante quienes expuso sus planes. La conveniencia de modificar o no esta normativa fue ampliamente discutida durante los meses previos a las elecciones del 9 de marzo, justo en plena polémica con la Conferencia Episcopal por sus críticas a la política de José Luis Rodríguez Zapatero. Finalmente, se consideró abrir una «reflexión», pero sin demasiadas prisas.
El programa electoral recogía que el PSOE «promoverá, transcurridos treinta años de vigencia de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, una reflexión orientada, en su caso, y con amplio consenso, a valorar la posible modificación de aquellos aspectos de la norma para la mejor garantía de la libertad y el pluralismo religioso».
Fue una redacción premeditadamente ambigua para diluir el asunto. Por eso, no faltan socialistas sorprendidos con que de aquella promesa difusa se haya pasado a la determinación firme de abordar la reforma. Algunos líderes socialistas recuerdan que Zapatero no hizo mención alguna de la cuestión en su discurso de investidura el 8 de abril. «Lo que Zapatero ha propuesto es un aggiornamento (actualización) radical de nuestra agenda política, que decía que dejemos para siempre de discutir sobre curas y sobre banderas».
En el entorno de La Moncloa aseguran que, tras el anuncio de María Teresa Fernández, está el propio presidente del Gobierno. «Es el primero que cree que esa ley tiene que actualizarse», afirman. Y precisan que si Rodríguez Zapatero no habló de ello en su investidura fue porque dejó para la comparecencia de su 'número dos' las iniciativas legislativas concretas; es decir, se trata de un mero reparto de papeles.
La incógnita del cambio
Lo que aún nadie detalla es qué se cambiará en esa ley. El ministro de Justicia, supuestamente encargado de la materia, no sabe nada del asunto, que probablemente correrá a cargo de la propia vicepresidenta. Fuentes gubernamentales aseguran que se trata de incorporar los convenios adquiridos con otras confesiones distintas a la católica y de introducir mayores garantías para el ejercicio de la libertad de conciencia. Ayer arreciaron las voces que insisten en una revisión de los acuerdos Iglesia-Estado.
El anuncio de la vicepresidenta despertó ayer nuevas adhesiones por parte de movimientos a favor del laicismo y críticas por quienes consideran que la reforma será una «restricción». En el plano político, el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, advirtió al Gobierno de que se opondrá a cualquier intento de fomentar el «laicismo». En su opinión, el Ejecutivo no debería «sustituir la laicidad del Estado por un laicismo que promueva reducir el factor religioso al ámbito privado, negándole todo espacio y toda expresión pública».
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