En todo este tiempo, el lehendakari no sólo no ha desistido ante los obstáculos legales, sino que ha diseñado un plan para soslayarlos al que ha amarrado al PNV. Pero es muy dudoso que la enésima tentativa de confrontar una pretendida legitimidad política a la legalidad democrática consiga diluir la sensación de que la sociedad está ya exhausta ante un debate circular y frustrante, incluso en el supuesto de que el nacionalismo lograra seguir rentabilizando en las urnas el enfren- tamiento con Madrid. La dirección peneuvista ha encontrado en el rechazo de Rodríguez Zapatero a adentrarse en aventuras como la que plantea Ibarretxe la justificación para seguir amparando los objetivos más radicalizados del lehendakari. Sin embargo, es justamente ese apoyo el que revela que las apelaciones al pacto dirigidas por Iñigo Urkullu al presidente del Gobierno tras el 9-M constituían no tanto una voluntad sincera de acercar posturas, como un movimiento para tratar de endosar a su interlocutor la resolución de las divisiones internas que perviven en el partido desde el fracaso de Lizarra y que forzaron la dimisión de Josu Jon Imaz. Pero resultaría tan ingenuo como equívoco interpretar que el PNV vuelve a solapar su dilema dejando manos libres a Ibarretxe, cuando esa encrucijada ha quedado superada por la apuesta por un nuevo modelo de autogobierno que en cualquiera de sus expresiones da por finiquitado el marco estatutario. Aunque eso signifique continuar avalando el agotado plan soberanista del lehendakari.










