VANDALISMO
El juez quiere hacer cumplir en verano la condena por atacar la tumba de Ordóñez
El Ministerio desea firmar un convenio con el Gobierno vasco para que dos menores limpien pintadas
El responsable del Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, pretende acelerar los trámites para que dos de los menores que profanaron la tumba del dirigente popular asesinado por ETA Gregorio Ordóñez puedan cumplir su condena este mismo verano. El magistrado determinó en un auto de julio del pasado año que los jóvenes identificados como A.G. y A.A. dedicaran 70 horas a limpiar pintadas de kale borroka en las calles de San Sebastián.
La sentencia no ha podido ser aplicada por la falta de un convenio entre el Ministerio y el Departamento vasco de Justicia. El pasado viernes PNV, EA, EB y Aralar rechazaron en la Cámara de Vitoria una propuesta avalada por PP y PSE para instar a la consejería de Azkarraga a impulsar las conversaciones y llegar a un acuerdo «cuanto antes» para hacer cumplir la pena.
El juez Castro, mientras tanto, busca los mecanismos para que se lleve a la práctica su orden y que los dos menores completen la condena. Ante el temor de que las dos Administraciones no logren alcanzar un acuerdo, el magistrado explora otras vías en un intento de evitar que los delitos queden impunes por falta de medios.
El pasado 30 de abril Castro se reunió con los abogados de la defensa, con la Fiscalía y con la acusación particular para conseguir que la pena se resuelva una vez que concluya el periodo escolar, el próximo 20 de junio. Si el convenio entre el Ejecutivo central y autónomo no estuviera aún suscrito y fuera imposible que los dos menores limpiaran pintadas de kale borroka, el juez optaría por que las 70 horas fijadas se cumplieran en un centro de día.
Internamiento
Mientras tanto, los ministerios de Justicia y de Educación, Política Social y Deporte apuran las negociaciones para suscribir finalmente el convenio con la consejería de Joseba Azkarraga. Las conversaciones están paralizadas porque el Gobierno vasco exige que el texto incluya el control por parte de las autoridades autonómicas de las medidas de internamiento en Euskadi, según informó ayer 'Europa Press'.
Este convenio también favorecería que otros nueve menores incursos en procedimientos penales por actos terroristas pudieran cumplir su pena mediante trabajos para la comunidad. Fuentes del Ministerio de Justicia afirman que han remitido recientemente un texto a la consejería de Justicia, que ha sido rechazado.
La sentencia no ha podido ser aplicada por la falta de un convenio entre el Ministerio y el Departamento vasco de Justicia. El pasado viernes PNV, EA, EB y Aralar rechazaron en la Cámara de Vitoria una propuesta avalada por PP y PSE para instar a la consejería de Azkarraga a impulsar las conversaciones y llegar a un acuerdo «cuanto antes» para hacer cumplir la pena.
El juez Castro, mientras tanto, busca los mecanismos para que se lleve a la práctica su orden y que los dos menores completen la condena. Ante el temor de que las dos Administraciones no logren alcanzar un acuerdo, el magistrado explora otras vías en un intento de evitar que los delitos queden impunes por falta de medios.
El pasado 30 de abril Castro se reunió con los abogados de la defensa, con la Fiscalía y con la acusación particular para conseguir que la pena se resuelva una vez que concluya el periodo escolar, el próximo 20 de junio. Si el convenio entre el Ejecutivo central y autónomo no estuviera aún suscrito y fuera imposible que los dos menores limpiaran pintadas de kale borroka, el juez optaría por que las 70 horas fijadas se cumplieran en un centro de día.
Internamiento
Mientras tanto, los ministerios de Justicia y de Educación, Política Social y Deporte apuran las negociaciones para suscribir finalmente el convenio con la consejería de Joseba Azkarraga. Las conversaciones están paralizadas porque el Gobierno vasco exige que el texto incluya el control por parte de las autoridades autonómicas de las medidas de internamiento en Euskadi, según informó ayer 'Europa Press'.
Este convenio también favorecería que otros nueve menores incursos en procedimientos penales por actos terroristas pudieran cumplir su pena mediante trabajos para la comunidad. Fuentes del Ministerio de Justicia afirman que han remitido recientemente un texto a la consejería de Justicia, que ha sido rechazado.
