terrorismo
Batasuna esgrime el 'plan Ibarretxe' en el juicio de París al etarra 'Susper'
El portavoz de Batasuna Xabi Larralde esgrimió ayer el 'plan Ibarretxe' como ejemplo de que «en el Estado español no hay posibilidad de poner en marcha un procedimiento de consulta sin amenaza de intervención del poder central». El dirigente independentista realizó ese planteamiento a preguntas del Tribunal Especial de lo Criminal de París, ante el que compareció como testigo de la defensa en el juicio que se sigue desde la semana pasada contra el ex jefe militar de ETA Ibon Fernández Iradi 'Susper' y otros cuatro presuntos etarras.
Larralde, miembro de la mesa nacional de Batasuna por Lapurdi, trajo a colación el 'plan Ibarretxe' cuando el juez Francis Debons, presidente del tribunal, le preguntó si el combate de ETA era compartido por la población vasca. Tras recordar que la iniciativa recibió a finales de 2004 un «no categórico» en Madrid pese a ir refrendada por el Parlamento de Vitoria, señaló que José Luis Rodríguez Zapatero acaba de reiterar que «la consulta es ilegal al no estar contemplada por la Constitución española».
El político vascofrancés también puso el ejemplo de la reivindicación a este lado de la frontera de un 'Departamento País Vasco', una «entidad no separatista», mediante la escisión de la actual provincia de Pirineos Atlánticos. «La petición de una consulta ha recogido 30.000 firmas pero no es atendida por las autoridades centrales», expuso.
Larralde comparó el problema vasco con Irlanda del Norte, Québec o Montenegro mientras que Fernández Iradi, en sus contadas intervenciones durante el juicio, se ha mantenido fiel al modelo de Argelia, referente fundacional de ETA. Enfrascado en una conversación con su co-inculpada Lorena Somoza, 'Susper' apenas prestó atención al testimonio bajo juramento de uno de los pocos dirigentes de Batasuna que permanecen en libertad.
Imputado por integración en organización terrorista en un auto emitido en febrero por el juez Baltasar Garzón, Larralde denunció que su cuenta bancaria y las de otras quince personas -«entre ellas mi abuela, nacida en Argelia»- han sido bloqueadas por orden de la Audiencia Nacional. El magistrado español emitió a tal fin una comisión rogatoria internacional el pasado 6 de marzo cuya ejecución fue encomendada el 7 de abril por la jueza antiterrorista de París Laurence Le Vert a la Oficina Central de la Brigada Financiera de la Policía Judicial.
El testigo sostuvo ante el tribunal que «en el Estado español hay una situación de excepción comparable a la del Estado turco, donde la ilegalización del movimiento político kurdo representa un obstáculo para el proceso de integración en la Unión Europea». Preguntado por el juez Renaud Van Ruymbeke sobre la legimitidad de la violencia, rechazó recibir lecciones desde partidos como la UMP de Sarkozy, que gobierna «un Estado que es el cuarto exportador mundial de armas».
«El Estado francés tiene un Ejército profesional para hacer uso de la violencia cuando sus intereses están en juego. En el País Vasco hay gente que coge las armas porque son el único medio que le queda para defender el derecho a decidir el futuro», argumentó.
