La ponencia política del PP ratifica la estrategia opositora de la anterior legislatura e incorpora todas las posiciones de María San Gil contrarias a contemporizar con las fuerzas nacionalistas. Es más, el texto censura la actitud «siempre obstruccionista» del PNV en la lucha antiterrorista, y aunque reconoce que «no se puede decir» que la formación jeltzale sea «partidaria del terrorismo de ETA», sí afirma que «no colabora en su derrota». Asimismo, sostiene que el partido que lidera Iñigo Urkullu «ha contagiado al resto de nacionalismos», que se han sumado al «proceso disgregador de la nación española».
Curiosamente, uno de los redactores del documento, el canario José Manuel Soria, omitió estos dos puntos -los más críticos con el PNV- en el amplio resumen que expuso en la presentación del escrito, en la que le acompañó la segunda de las ponentes, la senadora gerundense Alicia Sánchez Camacho. Por el contrario, Soria se cuidó de subrayar que el texto insta al PP a prepararse para «nuevos tiempos que requieren enfoques renovados». Una frase que se presta a mil lecturas, incluida la de un cambio de estrategia ante los nacionalistas, y que junto al 'lapsus' antes mencionado no hace sino abonar los recelos de San Gil hacia las verdaderas intenciones de Mariano Rajoy y de su equipo, que le llevaron a abandonar la redacción de la ponencia.
Por lo demás, el documento ratifica que el partido opositor es una fuerza «centrista, reformista y liberal»; denuncia que en Cataluña, Euskadi «y en menor medida Galicia», hay partidos «claramente separatistas» para los que la autonomía «no es una estación término», sino «un punto de partida para avanzar hacia la meta final de la independencia»; y se ratifica en las que reformas estatutarias planteadas por Cataluña y Euskadi proponen «inadmisibles relaciones de cosoberanía con el Gobierno de España».
La familia del siglo XXI
En el apartado dedicado a ETA, la ponencia asegura que el PP «no descansará hasta que la banda terrorista sea derrotada», y entiende por derrota que los terroristas serán «detenidos, juzgados» y cumplirán «íntegramente sus penas en prisión»; defiende que «jamás ningún Gobierno autorice negociación alguna» con ETA; recrimina al PSOE «el abandono» del pacto antiterrorista y emplaza a los socialistas a recuperarlo en «un acuerdo público, concreto y por escrito». Esta última precisión supone una novedad, porque Rajoy, tras las elecciones, no consideró necesario que un nuevo pacto antiterrorista se plasme en negro sobre blanco.
El documento también incluye apartados sobre «los principios y valores» del PP, reclama «impulsar nuestra prosperidad en la globalización», pide que se garantice la enseñanza en castellano y la libertad de elección lingüística «en todo el territorio nacional», fija uno de los objetivos en «garantizar el bienestar de todos», aboga por «promover la igualdad real» y propone políticas sociales necesarias para la «familia del siglo XXI».
Asimismo considera imprescindible «reformar la justicia para que sea eficaz», propone establecer «una nueva política de seguridad», plantea fórmulas para «integrar la inmigración» y defiende la vuelta a «una política internacional coherente».