Ginés Jiménez Buendía, el jefe de la guardia urbana de Coslada, sostuvo en sus declaraciones ante la Policía Judicial y la juez de instrucción que él mismo fue una «víctima» de sus subordinados más violentos. Aseguró que desde hace años intentaba poner coto a los desmanes de 'El Bloque' (la denominación con la que se conocía a la mafia policial) y que, incluso, puso en conocimiento de los funcionarios del Ministerio del Interior las actividades y excesos del grupo.
El 'sheriff' reconoció la existencia de la banda, pero aseguró que el grupo era externo a la comisaría pues se formó en un gimnasio con los agentes más jóvenes y que estaba «absolutamente fuera» de su control. Es más, Jiménez Buendía señaló que los policías corruptos no acataban las órdenes de ningún mando del cuerpo de seguridad local y que él intentaba «frenar» el «exceso de celo» de sus hombres.
El todavía jefe de la Policía Municipal reiteró en varias ocasiones que dio órdenes expresas de «marcar de cerca» a los agentes de 'El Bloque' y de que sus colaboradores no cedieran a las imposiciones de los funcionarios corruptos, como la de coincidir en determinados turnos o patrullas.
En diversos apartados de sus declaraciones, Jiménez Buendía expresó su «sorpresa» por haber sido detenido en la redada de la pasada semana porque él mismo, «de manera regular», aportaba información a la Policía Judicial sobre los desmanes de los agentes en determinadas operaciones policiales (se quedaban con parte del dinero y drogas recuperados). El 'sheriff' insistió en que todas las acusaciones contra él son parte de un complot, la misma conspiración que desde hace años le ha provocado «problemas con la justicia con continuas denuncias».
Asociación ilícita
Jiménez fue enviado a prisión el martes por la juez de Instrucción número 1 de Coslada , María de las Nieves Gómez Martínez, acusado de extorsión, amenazas, prevaricación, cohecho y depósito de armas. Sin embargo, la magistrada dio por buena su versión de que no pertenece a 'El Bloque' y no le imputó asociación ilícita, delito del que sí culpó a los doce subordinados que pasaron por el juzgado, incluidos los dos funcionarios que quedaron en libertad bajo fianza.
La juez Gómez Martínez, antes de inhibirse a favor del Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid -que centraliza la investigación-, imputó a los trece detenidos hasta 19 delitos distintos: asociación ilícita, amenazas, extorsión, prevaricación, cohecho, tenencia de armas, depósito de armas, incitación a la prostitución, abusos sexuales, delitos contra la integridad moral, lesiones, sustracción y apropiación indebida de drogas y dinero, estafa, delitos contra la administración de justicia (manipulación de pruebas), tenencia de armas prohibidas, falsificación de documentos mercantiles, simulación de delito y sustracción.
El juez Eduardo Cruz Torres tiene previsto ratificar hoy las órdenes de prisión dictadas el lunes por Gómez Martínez y los encarcelamientos de otros dos agentes ordenados el domingo por un juzgado de guardia de la capital madrileña. Mientras, José Andrés Díez Herrera, el abogado defensor del 'sheriff' anunció ayer que renuncia a la defensa del jefe de la Policía Local por «motivos personales» y «discrepancias» con su cliente.