MUNDO
De la Vega acusa al líder transalpino de «exaltar la xenofobia y el racismo»
17.05.08 -
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, levantó ayer una polvareda diplomática al no morderse la lengua cuando expresó su desacuerdo con la política de inmigración del Ejecutivo italiano que preside Silvio Berlusconi y de la que ya hubo un preámbulo el jueves con varias redadas y expulsiones de 'sin papeles'. «El Gobierno (español), como saben, rechaza la violencia, el racismo y la xenofobia, y por tanto no puede compartir lo que está sucediendo en Italia, es evidente», declaró a preguntas de los periodistas la 'número dos' tras el Consejo de Ministros.
De la Vega indicó que «la inmigración es un fenómeno necesario, que es bueno siempre que sea legal y ordenada» y que la política que se aplica en España está basada «en la ley, que permite reconocer derechos y obligaciones a los inmigrantes».
La dirigente socialista también expresó que «el Gobierno no comparte la política de expulsiones sin respeto a la ley y a los derechos, y por tanto tampoco las actuaciones que pueden exaltar la violencia, el racismo y la xenofobia». Y para echar más leña al fuego, no olvidó recordar a 'Il Cavaliere' que existen «mecanismos legales para combatir la inmigración irregular y esos son los que hay que utilizar, a nuestro juicio, y no otros».
Pedir explicaciones
Como era de esperar, las palabras de la vicepresidenta soliviantaron a los partidos políticos italianos, que las consideraron «paradójicas» y calificaron de «injerencia inaceptable». Pero ahí no quedó todo. El embajador en España, Pasquale Terracciano, no dudó en pedir explicaciones al secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido.
Y el ex portavoz parlamentario socialista tuvo que hacer verdaderas piruetas para matizar lo que de verdad quiso decir De la Vega. Indicó que su intención era condenar los últimos episodios de violencia contra inmigrantes en Nápoles y que sus «consideraciones» fueron «con carácter general, sin intención de criticar el paquete legislativo que el Gobierno italiano está discutiendo». Roma se dio por satisfecha.
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