LA 'LISTA NEGRA'
Un juez paraliza el derribo de 244 viviendas en Argoños y Arnuero
La suspensión se mantendrá hasta que el Gobierno cántabro explique sus planes para los más de 2.000 afectados
17.05.08 -
El Encinar es una de las promociones 'indultadas'. / J. ALEMANY
Promociones bajo sospecha
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha concedido el indulto provisional a tres urbanizaciones condenadas al derribo. La Sala de lo Contencioso-administrativo ha dictado una providencia en la que acuerda la «suspensión temporal» de la demolición de 244 viviendas repartidas entre las promociones Pueblo del Mar y Las Llamas II, situadas en Argoños, y El Encinar, en el municipio de Arnuero. El juez ha basado su decisión en un acuerdo del Parlamento regional, que el pasado 17 de diciembre instó al Gobierno cántabro a buscar una solución a los problemas que padecen los más de 2.000 afectados por estas sentencias. En esa línea, el TSJC requiere al Ejecutivo que le informe «del contenido y alcance» de las medidas que piensa adoptar.
Hace apenas seis meses, el Parlamento de Cantabria aprobó por unanimidad «encomendar al Gobierno regional que, a la vista de la situación en que se encuentran las personas perjudicadas por las sentencias de derribo de viviendas, establezca, en el plazo más breve posible, un plan encaminado a dar solución, en la medida de lo legalmente viable, a los problemas planteados, teniendo en cuenta las distintas situaciones en que se encuentran los afectados». Entre otras medidas, la cámara planteaba «la posible subsanación de los requisitos formales o de procedimiento, las indemnizaciones por responsabilidad, la posible legalización de los inmuebles y el asesoramiento» a los afectados.
En esa línea, el Defensor del Pueblo ya apuntaba como primera medida factible regularizar las urbanizaciones que sea posible mediante modificaciones en los planeamientos urbanísticos de los municipios. Y cuando legalizarlas sea inviable, proponía compensar a las víctimas con aprovechamientos urbanísticos en otros lugares libres de irregularidades, e indemnizarlas antes del derribo. A falta de conocer la postura del Ejecutivo, los jueces han reconocido las compensaciones por secuelas psicológicas a 300 familias, pero el Supremo sentenció hace dos años que el pago por los daños patrimoniales no se haría efectivo hasta después de las demoliciones.
«No prejuzga»
A raíz de la resolución parlamentaria, los propietarios de cuatro urbanizaciones -Las Llamas I (19 viviendas) y II (22), El Encinar (144) y Pueblo del Mar (78)- solicitaron la suspensión cautelar de las sentencias de demolición. «No parece lógico derribar las viviendas mientras se busca una solución que podría pasar por legalizarlas», argumenta Antonio Vivela, portavoz de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA). El juez aún no se ha pronunciado sobre los 19 adosados de Las Llamas I, pero todo parece indicar que será la siguiente en recibir un indulto que, de momento, sólo es provisional. «Estas providencias no prejuzgan nada, se trata de una paralización temporal a la espera de un informe del Gobierno», recalcaron fuentes del TSJC.
Por su parte, el Ejecutivo regional se niega a adelantar cualquier información sobre sus planes para las urbanizaciones sentenciadas. No obstante, con el requerimiento judicial sobre la mesa, no podrá demorar mucho más la exposición de sus propuestas.
