El Gobierno vasco escribió ayer el penúltimo capítulo de la montaña rusa en la que se han convertido los prolegómenos de la aprobación del proyecto de ley redactado 'ad hoc' para convocar la consulta popular del 25 de octubre, que, como ya adelantó EL CORREO, no incluirá la palabra 'condena' para referirse a ETA y se limitará a pedir la «desaparición» de la banda. Así lo confirmó ayer la portavoz del Ejecutivo de Vitoria, Miren Azkarate, que argumentó para justificar la omisión que la sociedad vasca ya ha condenado en innumerables ocasiones el terrorismo y que la «mayor condena» a la organización armada es exigirle que desaparezca y negarle su pretendido estatus de agente político, precisiones que sí estarán recogidas en el texto legal que será sometido a votación en el Parlamento vasco el 27 de junio y cuyo destino reside, precisamente, en manos de los nueve parlamentarios de la izquierda radical.
Por sorpresa, y sólo unos minutos después de haber anunciado que Ibarretxe recibiría esta mañana en Lehendakaritza al vicepresidente catalán Josep Lluís Carod-Rovira -la cita con el líder de ERC se ha pospuesto veinticuatro horas-, Azkarate comunicó en la rueda de prensa habitual de cada martes que será finalmente hoy cuando el tripartito al completo se reúna en sesión extraordinaria para dar luz verde al polémico texto. Con él busca ofrecer «plenas garantías jurídicas y legales» a una consulta que el Estado considera abiertamente anticonstitucional y por tanto objeto de recurso ante los tribunales.
El lehendakari, flanqueado por todos los consejeros de su Gabinete, lo dará a conocer en persona a partir de las once y cuarto en un acto solemne que se celebrará en el hall del Palacio de Ajuria Enea. La escenificación, propia de las grandes ocasiones -similar a la aprobación del Nuevo Estatuto Político, conocido como plan Ibarretxe-, pretende subrayar la trascendencia del paso que finalmente ha decidido dar el Gobierno autonómico, una vez constatado el fracaso de sus intentos de arrancar un compromiso político sobre el marco jurídico vasco a José Luis Rodríguez Zapatero.
Evitar filtraciones
Según fuentes del tripartito consultadas, el Ejecutivo de Vitoria decidió ayer mismo anticiparse un día a sus propias previsiones para evitar así eventuales filtraciones de última hora del texto literal de las preguntas, convencido de que no tenía sentido prolongar la espera hasta mañana, la fecha prevista en principio para desvelar el proyecto. No obstante, lo cierto es que la esencia de las dos cuestiones que pretenden someterse en otoño al refrendo de las urnas ha ido conociéndose, en medio de una notable confusión, durante los últimos días.
La portavoz confirmó ayer lo ya publicado por este periódico, aunque con su propio lenguaje. Así, apuntó que la primera de las preguntas -la referida al «compromiso ético»- servirá «para poner a ETA en su sitio», curiosamente la misma expresión que empleó para contextualizar la reunión de Ibarretxe con Zapatero. Y también, añadió, para exigir el «final» del terrorismo, con una clara apuesta por la vía dialogada, y «para dejar sentado que las decisiones políticas corresponden a los representantes políticos y sólo a ellos y a ellas». La segunda, centrada en el reconocimiento del derecho a decidir, solicitará apoyo para un proceso de diálogo político «sin exclusiones» que desemboque en un acuerdo de normalización.
Con esta redacción, el Gobierno está convencido de que el texto puede resultar asumible para el grupo de EHAK, que, una vez más, aparece como el guardián de la llave que abre o cierra la puerta a los planes del Ejecutivo. Ayer mismo, al ser preguntada por el posible adelanto electoral en el caso de que la Cámara vasca bloquee la 'hoja de ruta', Azkarate rechazó contemplar siquiera ese escenario porque, dijo, el proyecto «se va a aprobar». «No entendemos por qué no va a salir adelante, francamente», recalcó.
A continuación, respondió a un periodista que quiso saber por qué el tripartito ha decidido obviar la palabra 'condena' -tabú infalible para ahuyentar los votos del mundo de Batasuna- y «cuál es el sitio» en el que se quiere colocar a ETA. «Saben perfectamente cuál es el sitio, el de su desaparición, mejor hoy que mañana. ¿Les parece que se ha condenado pocas veces en esta sociedad a ETA? ¿Les parece poca condena decir que debe desaparecer y que los acuerdos políticos corresponden sólo a los políticos?», se preguntó. De hecho, subrayó que no hay «mayor condena» frente a quienes defienden que la banda es un «agente político» -la izquierda abertzale- que rechazar cualquier tipo de tutelaje terrorista.
Pero lo cierto es que el redactado final ha rebajado las expectativas alimentadas por el propio presidente del PNV, Iñigo Urkullu, que insistió en que el proyecto de ley resultaría contundente, explícito y alejado de ambigüedades. Y ha alentado a su vez las sospechas de que Ibarretxe busca la complicidad de los radicales aunque, según recalcan los socios del Gobierno, no cabe negociación posible con EHAK. El formato de lectura única por el que se tramitará impide que el texto pueda ser enmendado por los grupos, aunque el presidente de los peneuvistas guipuzcoanos, Joseba Egibar, aseguró que no sería «un 'trágala'».
En todo caso, el eventual respaldo de EHAK al texto escuece, y mucho, en importantes sectores del PNV, incómodos con la posible coincidencia con la izquierda radical por razones tanto éticas como de inoportunidad política. Otros, en cambio -entre los que se encontraría el propio Egibar, según las fuentes consultadas-, dan por sentado en privado que el mundo radical acabará por permitir que la 'hoja de ruta' siga su curso. El propio PSE ha verbalizado ya su sospecha -lo hizo ayer su portavoz parlamentario, José Antonio Pastor- de que el tripartito pueda haber cerrado ya algún «acuerdo oculto» con la izquierda abertzale.