PROPUESTA DE IZQUIERDA UNIDA RECHAZADA
PSOE y PP se unen para mantener la Biblia y el crucifijo en las tomas de posesión
El Gobierno se opone a revisar los acuerdos con el Vaticano, aunque no lo descarta en el futuro
CONGRESO. Ramón Jáuregui y José Antonio Alonso, ayer, antes de la reunión del Grupo Socialista. / EFE
El Congreso de los Diputados rechazó ayer alterar el marco de las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica y mantuvo la presencia de símbolos como la Biblia y el crucifijo en los actos oficiales y tomas de posesión de los cargos públicos. La unión de los votos del PSOE y el PP impidieron que prosperaran sendas propuestas no de ley de Izquierda Unida y BNG, que apostaban por una «mayor laicidad» de un Estado que, según la Constitución, se declara aconfesional. El resto de los grupos brujuleó a favor o en contra, según el distinto tono de las iniciativas.
Pocos temas hacen gastar más pólvora en salvas que el religioso. IU pretendía eliminar el crucifijo, la Biblia y demás símbolos católicos de las ceremonias institucionales, tomas de posesión y demás actos oficiales. El BNG iba más allá y pedía directamente la denuncia de los acuerdos con la Santa Sede. Ambas formaciones consideran que ni el despliegue de referencias, ni mucho menos el fondo del Concordato firmado en su día con la Santa Sede, caben en un estado aconfesional. A juicio de sus portavoces, reflejan una situación de privilegio y preeminencia del catolicismo «fruto de otras épocas».
Gaspar Llamazares, coordinador general de Izquierda Unida, destacó la «paradoja» de que un Gobierno tan «moderno» como pretende ser el de José Luis Rodríguez Zapatero, jure o prometa el cargo en el palacio de la Zarzuela ante un crucifijo. Supone, dijo, «un incumplimiento flagrante» de los criterios constitucionales de aconfesionalidad del Estado.
El representante del PNV, Aitor Esteban, añadió a esta propuesta la necesidad de dar un paso más allá y «suprimir» todo juramento de cargo público. La formación nacionalista entiende que «hoy en día carece de sentido» celebrar estas ceremonias y «tienen como único fin la foto de La Zarzuela». De suprimirse este tipo de actos, añadió, se evitarían problemas como los que sufre el Parlamento vasco, cuyos grupos no encuentran la fórmula para reformar el reglamento de la Cámara autonómica por su diferente visión sobre la obligatoriedad de acatar la Constitución durante la toma de posesión de los parlamentarios.
Para el PSOE, los símbolos católicos de algunas ceremonias son un vestigio del pasado -adoptado por el protocolo de la Casa Real- pero no hace falta una ley para erradicarlos. «En la toma de posesión de los ministros el crucifijo está de más, pero no haremos una ley para prohibirlo», replicó Ramón Jáuregui. El secretario general del grupo socialista admitió que es necesario «avanzar en la aconfesionalidad», pero sin generar «tensiones innecesarias».
«La laicidad avanza»
Puso un ejemplo. En tres décadas de democracia los crucifijos han desaparecido de la mayoría de los centros educativos «sin necesidad de leyes». «La laicidad avanza al ritmo de la convicción colectiva y, sobre todo, sin imposiciones ni prohibiciones», apostilló. En una línea similar se expresó Eugenio Nasarre, del PP, que recordó que «todos los presidentes del Gobierno han asumido este rito» e insistió en que «España no es un ente abstracto, sino una realidad histórica con raíces judeocristianas».
A esta misma filosofía del 'tempo lento' se acogieron los socialistas para rechazar la revisión de los acuerdos Iglesia-Estado y el final de los privilegios de la confesión católica. La propuesta del BNG sólo cosechó los votos de IU y de ERC, que pidió dejar en manos de una comisión parlamentaria la labor «que el Gobierno no se atreve a hacer».
La respuesta del PSOE fue clara. «No de esta forma ni en este momento», dijo su diputado Jesús Quijano, aunque tampoco cerró del todo la puerta. Quizá llegue el momento, sugirió, cuando se debata la modificación de la Ley de Libertad Religiosa, tal y como anunció la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, en su primera comparecencia parlamentaria de esta legislatura.
Para el PP, alterar los términos del Concordato con la Santa Sede supondría «una mutación constitucional» y pasar de la «aconfesionalidad cooperativa» vigente a un estado laico que no es el nacido de la Carta Magna.
