El Correo Digital

Han transcurrido ya algunos días desde que se suscitara en las páginas de este diario la polémica en torno al hecho de que el departamento de Educación del Gobierno vasco hubiera otorgado a las ikastolas, concretamente a la Federación de Ikastolas de Bizkaia (BIE, Bizkaiko Ikastolen Elkartea), la concesión para llevar a cabo parte de las labores de una prueba piloto ligada a sopesar el nivel de conocimientos del alumnado de primaria y secundaria, del conjunto de los escolares de la CAPV.

Ahora que ya se han confrontado los elementos en discusión concretos del caso, y se han desenmascarado los datos inveraces que han circulado, es tal vez el momento de poner sobre la mesa la discusión de fondo. Las reacciones, los términos en que se han realizado, los argumentos que se han esgrimido, el sentido de la proporción que se ha puesto de manifiesto, lo que no se ha dicho explícitamente pero se ha exteriorizado implícitamente, es lo que a nuestro modo de ver falta por analizar, porque proyecta un importante contenido de cara al debate con mayúsculas que no se debiera posponer más. Me refiero a la futura Ley del Sistema Educativo, y en la misma la novedosa pero impostergable concepción del Sistema Educativo como Servicio Educativo Público, integrado por el conjunto de los centros sostenidos con fondos públicos, independientemente de su titularidad. Ciertamente, el caso concreto ha puesto de manifiesto tics reveladores sobre lo que nos espera con vistas a ese debate. Más bien nos ha confirmado temores, una vez más.

Por recordar el origen de este cruce dialéctico de floretes, diremos que estamos hablando de una prueba piloto destinada a alumnado de primaria y secundaria de determinados centros del conjunto del sistema educativo de la CAPV. «Se trata de una experiencia previa -como se señalaba en las páginas de este mismo diario- antes del diagnóstico obligatorio que establece la LOE» y que se llevará a cabo en el 2009 en todos los centros educativos. Sobre preguntas elaboradas por el IVEI (Instituto Vasco de Evaluación e Investigación), los especialistas de BIE se limitarían a aplicar los exámenes y corregir una parte mínima de los mismos sin conocer la identidad del centro y del alumno del que proceden.

El IVEI, por su parte, ya ha aclarado que se trataba de «una prueba piloto», para puntualizar que «una prueba piloto es un ensayo, no una evaluación, por lo tanto esta empresa (en referencia a BIE) no está evaluando a ningún colegio». También ha aclarado que «es falso que la empresa aplicadora de las pruebas realice un informe de resultados», porque «en una prueba piloto no existe tal informe» y porque el mismo «es una atribución exclusiva del ISEI-IVEI que no se ha externalizado». El Instituto apunta finalmente que «toda empresa adjudicataria de una aplicación firma un contrato de confidencialidad sobre todos los materiales que se utilicen. Si incumpliera el contrato quedaría apartada de posteriores concursos, lo cual va en contra de la lógica empresarial». El peso argumental de la nota oficial resulta sencillamente apabullante.

¿Por qué, entonces, en esas particulares circunstancias, se ha generado un ruido mediático de estas características? Se ha tratado, al parecer, de «agentes educativos, preocupados por que el programa se encargue a la federación de ikastolas», como señalaba este diario.

Es necesario resaltar que nadie ha puesto en duda ni la licitud del concurso en el que se otorgó la concesión, ni la capacidad profesional de BIE para llevarla a cabo, porque llevamos más de diez años realizando evaluaciones diagnósticas en nuestros centros. ¿Cómo es posible entonces que dichos 'agentes educativos', profesionales del ramo, desconocieran las circunstancias de la prueba? Y si las conocían, ¿a qué intereses responde su 'preocupación'?

No hace falta ser lince para intuir el juego electoral que permite el lance. De hecho PSOE y PP han recogido el guante con tanta avidez como limitación de miras.

Pero, ¿hay algo más? Claro que lo hay. Y es aquí donde queremos pararnos a pensar. El argumento 'ideológico' de la revuelta ha sido que BIE, que las ikastolas, son parte de este sistema, y por lo tanto con intereses propios. En la carrera de excesos generada, se ha dicho que la prueba «debía haberse hecho con funcionarios públicos ya que la objetividad estaría garantizada...». Como se ha afirmado también que «no es posible que un sistema educativo que sobre el papel lucha por la inclusión y la igualdad adopte medidas que acabarán por enfrentar a las redes educativas».

Según esto, la 'objetividad' profesional en nuestro sistema educativo es por lo visto patrimonio exclusivo de los 'funcionarios públicos'. Los profesionales que atienden al 51% de la población escolar, en la red concertada, son unos consumados partidistas, tendenciosos impenitentes, excluidos de toda credibilidad deontológica. Una revelación implícita interesante, a las puertas de una profunda reflexión de cara a una futura Ley educativa.

Se reconocerá, por otra parte, que resulta paradójico mentar «la lucha por la igualdad y la inclusión». ¿Somos o no parte del mismo sistema, también los que no nos ubicamos en la red educativa funcionarial?

Mucho nos tememos que hay cierta casta funcionarial a la que le queda muy lejos el concepto de los «centros sostenidos con fondos públicos» como marco de referencia del servicio educativo público, independientemente de la titularidad de los centros.

¿Es ese futuro de exclusión del sistema el que nos espera al grupo de ikastolas por atrevernos a salirnos de la escuela convencional; por atrevernos a agruparnos en red, en solidaridad; por afrontar los retos de la calidad y la innovación como ningún otro grupo escolar; por no reservar los frutos de nuestras aportaciones a nosotros mismos sino compartirlos con quienes integramos el conjunto del sistema; por atrevernos a crear sistemáticamente material escolar propio, compartido; por adelantarnos a elaborar en auzolan y proponer un currículo propio del país del que formamos parte; por colaborar dentro de la estricta legalidad en labores de evaluación del sistema con la Administración educativa? ¿Es posible que nuestra singularidad, no exclusivista y sí cooperativa, resulte penalizada y no alentada en el servicio educativo público del futuro? ¿Es ese el futuro que le espera a quienquiera que se atreva a retar el inmovilismo, el uniformismo, desde la pluralidad, en la oferta educativa del sistema?

En las ikastolas nos estamos tomando muy en serio la lección del reciclaje de cara al futuro. Creo que alguien más, particularmente quienes se hallan tras las ideas implícitas reveladas en el origen de esta historia, debería hacer lo mismo. Nos irá mejor a todas y a todos.