El Correo Digital

U n proceso de asignación de complementos retributivos tortuoso, humillante para muchos y plagado de injusticias; una política lingüística extremista; pérdida de liderazgo en investigación; sometimiento al Gobierno vasco al renunciar a ejercer la autonomía universitaria; y una forma sectaria de gobernar han sido, por lo visto, las principales razones para rechazar en la UPV/EHU el único proyecto de gobierno que se había construido de cara a los próximos cuatro años.

Pues bien, dado que no interesó que hubiera contraste alguno con proyectos y alternativas concretas a las políticas desarrolladas por el equipo saliente, hoy no sabemos cuáles fueron las razones ciertas del sentido del voto. Por eso, ante la actitud ventajista que supone reivindicar para sí ese sentido por parte de grupos y personas con un perfil muy definido, he optado por hacer pública mi opinión, para que nadie piense que por callar, otorgo.

Es evidente que el affaire de los complementos retributivos ha pesado lo suyo. En lo que toca a quien ha pagado la factura electoral sólo diré que, visto desde fuera, es difícil de comprender que pasemos de 8,5 a 19,5 millones de euros para abonar complementos salariales al profesorado y eso se acabe convirtiendo en la principal razón de la victoria del 'no'. Cuando se haga un análisis desapasionado de ese proceso, las conclusiones serán demoledoras para todos los agentes implicados, desde la misma comunidad universitaria hasta el Gobierno vasco.

Hablemos de política lingüística. Algo más de un tercio de la población de Euskadi es vascohablante, y algo más de un tercio de nuestra plantilla también lo es. ¿Puede, ante esta constatación, afirmarse con un mínimo de honradez que en la UPV/EHU se ha ejercido presión lingüística? ¿Qué le diremos a esa casi mitad de nuestros estudiantes que quieren estudiar en vasco? Se diga lo que se diga, no hay en Euskadi ninguna institución en la que la política lingüística concite el grado de acuerdo que hemos alcanzado en la UPV/EHU, antes y ahora, y esto es algo que se puede demostrar con hechos y datos. A no ser que la presión lingüística de la que se habla se refiera a la implantación de asignaturas en inglés.

También parece que se ha cedido el liderazgo en investigación al Gobierno vasco. Desconozco en qué consiste esa cesión de liderazgo, aunque quizás se refiera a que la universidad no impone al Ejecutivo autónomo la política científica de Euskadi. ¡Como si en el resto de España las universidades sí lo hicieran! Uno de los problemas de nuestra I+D era que el País Vasco, a diferencia de otros países o regiones, carecía de un potente sector público de investigación no universitario y ahora resulta que es un problema que lo tenga, o que desarrolle su propia política en ese terreno. ¿Ha quedado acaso la universidad pública desguarnecida en materia de investigación? La respuesta sonroja, porque nunca la investigación universitaria ha contado con los medios con que cuenta hoy y tampoco ha hecho nunca gala de indicadores mejores: artículos científicos, patentes, proyectos de investigación y contratos con empresas alcanzaron en 2007 cifras récord.

¿Y qué decir de la supuesta pérdida de la autonomía universitaria? Aconsejo una lectura pausada de las leyes, empezando por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, pasando por la LOU y la LSUV, y acabando con los Estatutos de la UPV/EHU. Al rector le pueden gustar mucho o poco las regulaciones que afectan a la universidad (de hecho le gustan poco), pero las debe cumplir. Esto se ha explicado hasta la saciedad a los representantes de los estudiantes en los órganos de gobierno universitarios: las instituciones, por definición, no pueden ser insumisas, porque de serlo se negarían a sí mismas. Pero seamos sinceros. Lo que subyace a esta acusación no es sino un reproche por la ausencia de conflictos públicos entre el rector y el consejero del ramo. Porque se pretende que el Rectorado sea una suerte de contrapoder político, al menos por ahora. Y lo cierto es que esas actitudes son peligrosas, porque trasladan al ámbito universitario debates que son ajenos a éste. Las instituciones deben relacionarse entre sí con respeto y lealtad, y eso pasa por evitar el foco mediático y dirimir las discrepancias en los despachos. Lo contrario se ha revelado siempre nefasto.

Y llegamos a la (por ahora) última de las razones esgrimidas: parcialidad, sectarismo, gobierno para unos pocos. Lo primero que debo remarcar es que en el equipo de gobierno de la universidad hay, como siempre ha habido, personas de ideologías diversas, nacionalistas y no nacionalistas. Es un equipo, como se dice ahora, plural (¡menos mal que no es 'singular'!), y de procedencias disciplinares distintas. Y de las políticas desarrolladas sólo cabe decir que lo han sido con muy amplios consensos. Esto también se puede demostrar con hechos y datos.

Hablemos claro. La victoria del 'no' se ha debido, sobre todo, a factores de naturaleza laboral y salarial. No es casual que la defensa explícita de esa opción haya venido de ámbitos sindicales. Y tampoco lo es que destacados líderes del sindicato mayoritario en la UPV/EHU hablen abiertamente de un futuro rector «próximo» a ellos. Se diga lo que se diga, ésta no ha sido una confrontación entre nacionalistas y no nacionalistas. Ésa es la lectura que interesa a algunos, pero no es la correcta. En estas elecciones, una amalgama de intereses corporativos con cierto tinte sindical se ha impuesto, por el momento, a un proyecto académico. En los próximos meses corremos el riesgo evidente de que nuestra Universidad sea dirigida, mediante persona interpuesta, por un sindicato. ¿Hay alguna institución que pueda permitirse tal desatino? La respuesta es obvia y en lo que a mí respecta haré todo lo que esté en mi mano por evitarlo.