Familias, trabajadores, militantes de base Casi cualquiera puede ser hoy objetivo potencial de ETA en Euskadi. La bomba contra las instalaciones de EL CORREO en Zamudio simboliza la estrategia de terror que ha adoptado la banda tras la ruptura del último alto el fuego, hace ahora un año: una ofensiva total para socializar el sufrimiento al estilo de la histórica ponencia 'Oldartzen' de los 90. Una nueva fase de radicalidad y de terrorismo cada vez menos selectivo cuyo objetivo en sí mismo es cometer el mayor número posible de atentados para hacer exhibición de su supuesta fortaleza.
Los hechos son expresivos. El ataque de la madrugada del domingo contra la rotativa de este diario refleja con crudeza que los terroristas no sólo han vuelto a colocar a los medios de comunicación en el centro de su diana -tras un período de varios años en el que habían aflojado la presión directa sobre la Prensa-, sino que han ensanchado considerablemente el abanico de sus potenciales objetivos. Han cruzado algunas de sus 'líneas rojas'. De hecho, ésta es una de las raras ocasiones en las que ETA ha atacado sin previo aviso un edificio civil, ocupado además en el momento de la explosión por medio centenar de trabajadores que salieron ilesos sólo porque la fortuna se puso de su lado.
Los expertos de la lucha antiterrorista han detectado desde hace un tiempo que la banda da por imposible reeditar ahora un nuevo proceso negociador con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Las consecuencias del análisis que de la situación política hacen los jefes etarras y de las propias disensiones internas en el seno de la banda se traducen en una escalada de atentados de imprevisibles consecuencias -en el ataque contra la casa cuartel de Legutiano, en el que perdió la vida el guardia civil Juan Manuel Piñuel, el comando abandonó un coche cargado con más de cien kilos de explosivo en mitad de una carretera del pueblo- y en el retorno de la zozobra cotidiana a las vidas de muchos ciudadanos vascos. Vecinos de Getxo, Balmaseda, Durango o La Peña han visto como la onda expansiva de las bombas etarras convertía sus hogares en lugares no seguros que se vieron obligados a abandonar temporalmente. Baste un dato elocuente y demoledor: en los últimos diez meses las instituciones han recibido 1.100 solicitudes de ayudas por daños terroristas.
De hecho, según los expertos, la banda ha decidido prescindir de otro de sus tabús, el de los atentados con cargas explosivas de gran potencia en núcleos urbanos de Euskadi, un 'modus operandi' que hasta hace poco reservaba para sus incursiones fuera de la comunidad autónoma. Tras la ruptura de la tregua, los etarras han llevado el terror a distintas localidades vascas, que han elegido para golpear a la Guardia Civil -como en el caso de las casas cuartel de Durango o Legutiano-, a los socialistas vascos -las sedes del PSE se han convertido en objetivo preferente- o a lo que en su retórica consideran símbolos de la «oligarquía vasca», como en el caso del Club Marítimo de Getxo, que destruyeron en mayo.
Saltos cualitativos
Los saltos cualitativos en el modo de proceder de la banda han sido una constante desde su retorno a las armas, que retomaron con manifiesta debilidad debido a los sucesivos golpes policiales que lograron desmantelar, por ejemplo, el 'talde' que voló la T-4 o el taller de fabricación de explosivos de Cahors. ETA mandó al traste su habitual prevención a la hora de cometer atentados en suelo francés y asesinó a los guardias civiles Fernando Trapero y Raúl Centeno en Capbreton. De forma macabra, rizó el rizo de los atentados contra cargos electos de PSE y PP y asesinó a un ex concejal de Mondragón -Isaías Carrasco- que en el momento de su asesinato era sólo un militante socialista más empleado como cobrador en el peaje de la autopista.
ETA ha mantenido en su punto de mira a sus objetivos habituales. Ha asesinado guardias civiles, ha tendido trampas mortíferas a la Ertzaintza y ha seguido extorsionando por carta a los empresarios vascos. Y, al mismo tiempo, ha sumado nuevos blancos a su lista, como las compañías adjudicatarias de las obras de la alta velocidad vasca o, ayer mismo, la libertad de prensa.