Dos hermanas empresarias, relacionadas con la izquierda abertzale fueron detenidas anoche por la Guardia Civil en la localidad guipuzcoana de Orio acusadas de pagar el impuesto revolucionario a ETA./ EFE TV
La Guardia Civil encuentran documentación del pago del impuesto revolucionario en los registros a dos empresas en Aguinaga y Usurbil
El nombre de estas hermanas aparece en la documentación intervenida a raíz de la operación llevada a cabo en Burdeos
Pertenecen al entorno de la izquierda abertzale y una de ellas estuvo ligada a Euskal Herritarrok en pasadas elecciones
Las dos hermanas empresarias detenidas esta madrugada en Orio (Guipúzcoa), María Isabel y Blanca Rosa Bruño Azpiroz, acusadas de efectuar pagos voluntarios a ETA, prestarán mañana declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que fue quien ordenó los arrestos, llevados a cabo esta madrugada.
El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha confirmado que los pagos figuran en la documentación intervenida a raíz del
arresto el pasado 20 de mayo, en Burdeos (Francia), de Francisco Javier López Peña, '
Thierry', considerado uno de los máximos dirigentes de la organización terrorista.
Los documentos intervenidos harían referencia a pagos de dinero a ETA que podrían haberse efectuado de manera voluntaria. Al parecer, la cantidad asciende a seis mil euros, aunque podría ser sólo un primer plazo. Las dos detenidas están vinculadas familiarmente a empresas de conservas de pescado.
Las empresarias arrestadas, cuyos domicilios han sido registrados esta noche, pertenecen al entorno de la izquierda abertzale, según fuentes policiales, y una de ellas estuvo ligada a Euskal Herritarrok en pasadas elecciones. La operación, ordenada por el titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, sigue abierta.
Ésta es la primera vez desde hace dos años en que se produce la detención de empresarios acusados de pagar a ETA de manera voluntaria. El 23 de junio de 2006 fueron capturados en Navarra dos empresarios del sector de la construcción, naturales de Leiza, acusados de haber pagado a la banda terrorista 64.000 euros. Ambos fueron puestos en libertad al no reclamar el fiscal ninguna medida cautelar, aunque se mantuvo la acusación contra ellos.