02.07.08 -
La Ley de Política Lingüística llevada a cabo por la Generalitat de Cataluña va más allá que el decreto vasco aprobado ayer. Esa normativa exige a los comerciantes con más de tres empleados que al menos uno de ellos hable catalán, mientras que los rótulos fijos de los negocios deben de estar «por lo menos» en el idioma autóctono de la comunidad. De hecho, «las empresas y establecimientos pueden ser sancionados si no cumplen las obligaciones legales recogidas en la normativa», advierte.
La mayoría de las subvenciones para renovar la imagen exterior de los comercios son precisamente para rotular en catalán. Tras un periodo de adaptación, la ley entró en vigor hace poco más de cinco años. «Tiempo suficiente para que el 90% del sector esté absolutamente normalizado», explica el secretario de la Confederación de Comercio de Cataluña, Miguel Ángel Fraile.
No obstante, la Generalitat multa cada año a cerca de doscientos comerciantes por no hablar o hacer un uso correcto del catalán en sus respectivos establecimientos. Sólo durante el pasado ejercicio, el Gobierno del socialista José Montilla ingresó un total de 95.400 euros en concepto de sanciones,
La Agencia de Consumo es la encargada de realizar las inspecciones e imponer las multas en materia de derechos lingüísticos. La política sancionadora ha generado críticas y polémica en la sociedad catalana desde la llegada del tripartito-PSC, ICV y ERC- al poder. Además de las penalizaciones económicas, en Cataluña existe la figura de las denominadas oficinas de derechos lingüísticos, organismos en los que los ciudadanos pueden denunciar a los comercios o empresas que no cumplan la normativa sobre el catalán.
