GENERAL
El PNV no entró a
valorar el decreto, mientras que sus
socios de Gobierno
aplauden la medida
03.07.08 -
Imagen de una librería de Bilbao.
La aprobación del decreto que obliga a disponer de personal euskaldun en las grandes empresas y comercios vascos en un plazo de cuatro años ha generado un intenso debate social. Los partidos de la oposición han sido los más críticos con una normativa que afectará a los establecimientos con más de 15 trabajadores de atención al público y a todas las compañías que superen los 250 empleados. Socialistas y populares entienden que «tratar de imponer el uso de una lengua en un negocio privado» es un «atropello a la libertad de comercio», coincidieron.
«El Gobierno vasco hace un flaco favor al euskera cuando trata de fomentarlo por la vía del decretazo en lugar de hacerlo por consenso», lamentó la secretaria de Políticas Sociales del PSE. Isabel Celaá sostuvo que «ningún empresario puede verse forzado a utilizar una lengua oficial por encima de otra y mucho menos ser sancionado por ello». «Imponer el euskera -añadió la parlamentaria socialista- es actuar en contra del sentido común».
El presidente del Partido Popular de Vizcaya fue más allá. «Pretender que la gente hable en un comercio o una empresa lo que quiera el lehendakari es puro fascismo», señaló Antonio Basagoiti. «El decreto va absolutamente en contra de la libertad», añadió. En este sentido, el dirigente popular, que sustituirá a María San Gil al frente del PP en Euskadi, solicitó al tripartito que «predique con el ejemplo» y «obligue a dimitir a todos los cargos que no hablen euskera»; .
El PNV no quiso hacer declaraciones sobre la nueva disposición, mientras que sus socios en el Gobierno vasco se limitaron a señalar que «todas las medidas tendentes al bilingüismo son positivas». En este sentido, Onintza Lasa (EA) señaló que la normativa «no va en detrimento del castellano, sino que trata de favorecer la convivencia de las dos lengua oficiales». En el caso de EB, sus responsables mantienen que el «único objetivo» es que «todas las personas puedan ser atendidas indistintamente en castellano y euskera» en cualquier actividad de su vida diaria.
Colaboración
El decreto ha generado un debate social que ha trascendido el ámbito puramente autonómico. La vicepresidenta primera del Gobierno, María teresa Fernández de la Vega, quiso quitar hierro a la polémica con unas declaraciones conciliadoras en la que aseguraba que «no existe problema alguno con el uso de las diferentes lenguas en el país». No obstante, aseguró que «si lo hubiese», laAdministración central lo «abordaría».
Las patronales vascas fueron reacias a pronunciarse sobre la regulación. Sólo lo hizo el Consejo Empresarial del Comercio de Vizcaya (Cecobi), que señaló ayer que «el proceso de incorporación del euskera a los comercios vascos debe realizarse bajo las premisas de la progresividad y la colaboración con las diferentes instituciones públicas». La agrupación trasladó al Gobierno vasco, a través de un comunicado, su «disposición» a desarrollar programas de incorporación de la lengua vasca, «pero bajo las premisas anteriormente citadas».
