LENGUA VASCA
El consejero de Educación, TontxuCampos, afirma que la normativa es «un paso más en la normalización»
El viceconsejero de Política Lingüística del Gobierno vasco, Patxi Baztarrika, advirtió ayer de que eludir la regulación mediante decreto de la presencia del euskera en el sector comercial sería «incumplir de forma deliberada» la ley y reiteró que con esta medida el Ejecutivo no trata de «imponer» el idioma vasco, sino garantizar la posibilidad de su utilización.
Un día después de presentar con todo detalle el decreto sobre los derechos lingüísticos de los consumidores, el responsable de la política de euskaldunización del Ejecutivo vasco defendió en Bilbao que la regulación de este ámbito no se trata de un capricho, sino de un «mandato legal». La normativa, como es sabido, ha generado polémica porque obligará a las grandes empresas de servicios y transportes y a los establecimientos comerciales de mayor tamaño a disponer de personal euskaldun para atender al público, así como a emitir toda su documentación escrita, catálogos, folletos y anuncios por megafonía en las dos lenguas oficiales. Deberán adaptarse en un plazo de entre dos y cuatro años.
Baztarrika recordó que la Ley del Estatuto de las Personas Consumidoras aprobada por el Parlamento vasco en 2003 reconoce el derecho de los usuarios a utilizar cualquiera de las dos lenguas oficiales en las transacciones comerciales y agrega que el Gobierno vasco regulará por decreto está cuestión. «Si no lo hiciéramos -dijo ayer Baztarrika- estaríamos por tanto incumpliendo la ley».
«No se impone»
El viceconsejero recordó que la nueva normativa, que el miércoles definió como «flexible y pragmática», no afectará al pequeño comercio y que su implantación se ha previsto en un plazo de hasta cuatro años, para lo que se habilitará una línea de ayudas públicas de 600.000 euros por ejercicio. «El decreto -dijo-, no impone la utilización del euskera, sino que se garantiza la posibilidad de utilizar los dos idiomas».
La normativa afectará, de forma específica, a las empresas de sectores estratégicos como las telecomunicaciones, el transporte ferroviario, aéreo y por carretera y las firmas suministradoras de gas, energía eléctrica y combustibles. También a todos los comercios de más de 400 metros cuadrados, aquellos que tengan más de 15 empleados de atención al público o los que pertenezcan a grandes cadenas.
El consejero de Educación, Tontxu Campos, fue escueto ayer en la valoración del decreto. Al ser preguntado, únicamente recordó que ha sido aprobado por un Consejo de Gobierno «del que forma parte» y con el que por tanto está de acuerdo. «Es un paso más en la normalización lingüística», dijo.
El PP, por su parte, presentará hoy una iniciativa en el Parlamento contra el decreto «de imposición del euskera en el comercio».
