Ibarretxe inauguró ayer un centro terapéutico en San Sebastián. / EFE
A la espera de que la ley de consulta impulsada por Juan José Ibarretxe sea publicada por el Boletín Oficial del País Vasco -requisito imprescindible para poder recurrirla ante el Tribunal Constitucional-, el Gobierno de Zapatero ha agilizado todos los trámites que están en su mano para presentar la impugnación. Ayer, tras el consejo de ministros, el gabinete socialista dio luz verde al recurso elaborado por la Abogacía del Estado.
Nada más aprobarse la norma en el Parlamento de Vitoria, el Ejecutivo central ya mostró su disposición a frenar el proyecto del lehendakari por la vía judicial. El primer paso era esperar a que apareciese en el BOPV, algo que se especulaba que sucediese a mediados de esta semana. Después se pediría el preceptivo informe al Consejo de Estado para poder aprobar el recurso en el consejo de ministros de ayer, condición indispensable para acudir al TC.
La no publicación en el boletín, sin embargo, ha obligado a Zapatero a agilizar los trámites de su competencia. El miércoles pidió el dictamen al órgano consultivo, que resolvió de manera urgente el jueves. Con este texto sobre la mesa, el Gobierno optó por aprobar ayer el recurso para poder presentarlo de manera inmediata ante el Alto Tribunal en cuanto la ley salga en el BOPV.
Una vez esté publicada y la impugnación presentada, el TC dispondrá de entre tres y seis días para decidir si la admite a trámite. Si lo hace, la consulta quedará bloqueada durante un máximo de cinco meses, por lo que no podría celebrarse el 25 de octubre, tal y como quiere Ibarretxe. Pasado este tiempo, el Constitucional debería decidir si mantiene la suspensión o la levanta. Pero sobre el fondo de la cuestión -si la ley tiene cabida en la Carta Magna- podría tardar en pronunciarse hasta cinco años. Fuentes del Ministerio de Justicia sostienen, en todo caso, que al tratarse de un cuestión de calado la sentencia llegaría mucho antes.
En esta misma línea se expresó ayer María Teresa Fernández de la Vega. La vicepresidenta señaló que «esperemos que se resuelva antes» porque «es un tema importante». «Por tanto, no va a estar en vigor, no va a haber un referéndum inconstitucional planteado por el señor Ibarretxe, no lo va a haber», concluyó en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros.
Al Estado
Fernández de la Vega expresó la «satisfacción» del gabinete porque, a su juicio, el preceptivo dictamen del Consejo de Estado «avala» las posiciones del Gobierno al considerar que la decisión del Parlamento vasco es «inequívocamente inconstitucional». «No hay duda de que lo que regula la ley es el referéndum», señaló. La vicepresidenta recordó que articular este procedimiento, así como su autorización «le corresponde en exclusiva al Estado».
A la vista de que hay «plena coincidencia» entre los informes recabados y los planteamientos del Ejecutivo central, el consejo de ministros «ha confirmado la inconstitucionalidad y acordado pedir al presidente del Gobierno que, una vez que la ley sea publicada, presente el correspondiente recurso invocando al artículo 161.2 de la Constitución», según comunicó la vicepresidenta. Este precepto atribuye al Ejecutivo central la capacidad para impugnar ante el Constitucional «las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas».
De la Vega explicó que esta celeridad responde al compromiso adquirido por el Gobierno. «Dijimos que empezaríamos a actuar inmediatamente. Se trata de actuar desde el minuto uno», afirmó.
Fernández de la Vega también quiso responder a los argumentos del Ejecutivo vasco, que sostiene que la consulta prevista para el 25 de octubre no es vinculante y, por tanto, no tendría que contar con la autorización de la Administración central. En su opinión, «los referendos simbólicos no sé a qué se refieren». De la Vega añadió que, en todo caso, «el lehendakari puede hacer una encuesta».
Asimismo, lamentó que Ibarretxe, «en lugar de promover normas que faciliten la convivencia, haya apostado por una que violenta la Constitución y divide a la sociedad vasca».
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