MALOS TIEMPOS
Durante mayo, 8,4 de cada diez parados cobró algún tipo de prestación, según el Ministerio de Trabajo
La nómina del desempleo de mayo batió récord y costó a los Servicios Públicos de Empleo (antiguo Inem) 1.534,9 millones de euros en mayo, pero todos los pronósticos indican que todavía no se ha tocado techo y que el pago de los próximos meses será más alto. Los datos figuran en un informe del Ministerio de Trabajo e Inmigración que realiza una radiografía de la situación del desempleo y desvela también que entre los 424.565 nuevos parados registrados durante los últimos 12 meses (junio sobre junio) predominan los varones mayores de 25 años.
Ante la dimensión del volumen del gasto, los sindicatos han reclamado insistentemente garantías al Gobierno para que las nuevas personas que se quedan sin trabajo cobren su prestación, siempre que cumplan los requisitos legales exigidos. No obstante, los responsables del Ministerio de Trabajo e Inmigración lanzan mensajes tranquilizadores en los que afirman que el pago de las prestaciones está asegurado.
Argumentan que el sistema afronta la subida de la cobertura sin que sus arcas se resientan. En 2006, casi siete de cada 10 desempleados cobraba prestación, un año más tarde la proporción aumentó a 7,6 y el pasado mes de mayo, a 8,4. El dinero sale, de momento, de las cotizaciones de empleadores y empleados -con superávit desde hace años- y, llegado el caso de que este mecanismo resultara insuficiente, el cobro continuará sin problemas puesto que el pago del desempleo no tiene límite presupuestario, según explican.
En datos interanuales (junio sobre junio) el paro ha aumentado en término medio un 21,60%, subida que, aunque se extiende por todos los sectores productivos, está marcada por la crisis del 'ladrillo'. En concreto, el alza en la construcción fue del 70,7%.
Cuantía por comunidades
El sistema de cobertura comprende cuatro clases de ayuda económica. Por un lado está la prestación contributiva, proporcional al salario percibido cuando el parado se encontraba en activo, con un límite en función de las cargas familiares. Por otro, el subsidio, que se cobra una vez agotada la modalidad anterior y en función de la situación financiera del beneficiario. También existen la renta activa de inserción, que combina ayuda económica y formación; y el subsidio eventual agrario, propio de Andalucía y Extremadura.
La cuantía media de la prestación contributiva fue de 800 euros por beneficiario, pero el importe se elevó a los 889,3 euros en Navarra y bajó a los 717,2 en Extremadura. El País Vasco, con 868,6 euros, se situó en los puestos de cabeza.
El gasto de los servicios públicos de empleo por beneficiario fue, sin embargo, mayor, dado que incluye las cotizaciones a la Seguridad Social.
