
El lehendakari, Juan José Ibarretxe, junto al consejero de Justicia, Joseba Azkarraga. / Telepress
El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido hoy el
recurso presentado por el Gobierno contra la ley vasca que convoca una
consulta popular el 25 de octubre con lo que deja en suspenso la norma y la iniciativa convocada por el lehendakari, Juan José Ibarretxe, no podrá celebrarse.
También ha admitido la demanda del PP -ésta no acarrea la paralización-, que será acumulada a la primera para ser resuelta de forma conjunta.
La decisión, adoptada por unanimidad por el Pleno del TC, llega sólo dos días después de que la ley de la consulta vasca fuera publicada el pasado martes en el Boletín Oficial del País Vasco e inmediatamente después recurrida ante el Alto Tribunal por el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, y por el Grupo Parlamentario Popular.
La admisión del recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno supone que queda en suspenso la ley vasca, ya que el Ejecutivo invoca en su impugnación el artículo 161.2 de la Constitución, que prevé la suspensión inmediata de la norma recurrida, pero establece que el Tribunal deberá ratificar esa suspensión o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.
Una vez transcurrido ese tiempo, el TC podría decidir mantener o levantar la suspensión de la ley, pero el Alto Tribunal no tiene plazos para resolver sobre el fondo del asunto, aunque también ha decidido habilitar el mes de agosto para no demorar la decisión, como habían solicitado los recurrentes.
15 días para alegaciones
En la providencia el Pleno del TC explica que la invocación de ese artículo produce la suspensión de la vigencia y la aplicación de la ley impugnada desde la fecha de interposición del recurso (15 de julio de 2008) para las partes del proceso, y desde el día en que aparezca publicada esa suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
El Tribunal Constitucional también ha admitido a tramite el recurso presentado por el Grupo Parlamentario Popular, aunque rechaza en este caso la petición que igualmente formularon los 'populares' para que se suspendiera la ley. En este sentido, el Alto Tribunal recuerda que la potestad para instar esa suspensión, según la Constitución, es exclusiva del Gobierno y que, por tanto, no ha lugar a lo solicitado por el PP.
El pleno del tribunal ha acordado también dar traslado de la resolución al Congreso de los Diputados, al Senado y al Parlamento y Gobierno vascos, al objeto de que en el plazo de quince días puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes.