El Gobierno vasco pedirá al Tribunal Constitucional que "anteponga la razón jurídica a la política" y permita la celebración de la consulta. Además, le ha reprochado que haya declarado hábil el mes de agosto para tramitar los recursos contra la ley sin haberle dado audiencia como parte interesada.
A través de una nota, el Ejecutivo de Vitoria anuncia que se personará ante el Constitucional y que, en el plazo de quince días, presentará sus alegaciones a los recursos planteados por el Gobierno central y el PP. Al mismo tiempo, el Gabinete de Ibarretxe insiste en su estrategia de personalizar en José Luis Rodríguez Zapatero toda la responsabilidad de la suspensión de la ley.
Tras indicar que el Gobierno vasco recibió ayer la notificación de la admisión a trámite de los recursos de inconstitucionalidad, la nota del ejecutivo autónomo afirma que el presidente Rodríguez Zapatero "es el único y exclusivo responsable de que una decisión legal, legítima y democráticamente adoptada por el Parlamento Vasco hoy esté en suspenso", lo que, en su opinión, "supone de hecho la suspensión de nuestro autogobierno político, del autogobierno contenido en el Estatuto de Gernika".
Más adelante critica que se haya aceptado la petición del Abogado del Estado de habilitar el mes de agosto "sin dar audiencia a las partes legitimadas para actuar en este caso", añadiendo que el Gobierno vasco "ha instado al Tribunal Constitucional a obrar con celeridad, pero el pleno ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva no puede llevarse a cabo con el menoscabo de la igualdad de condiciones en la capacidad de acción de las partes implicadas". Aunque califica esa circunstancia de "hecho menor", afirma que espera que "no sea un precedente de cómo afronta el Tribunal Constitucional el desarrollo del procedimiento jurisdiccional de esta causa".
Desprestigio de Justicia
Además, el Gobierno vasco afirma la "aparente celeridad" del Constitucional en este caso contrasta "la injustificada e injustificable dilación" con la que ha abordado otros asuntos entre los que cita el recurso de amparo presentado hace casi dos años por Ibarretxe en relación a su procesamiento por el Tribunal Superior, y un recurso del Gobierno de Aznar contra la Ley de Deporte planteado hace diez años.
El gabinete de Ibarretxe afirma que "el deterioro, el desgobierno y el desprestigio de la Administración de Justicia en España obedece, entre otras causas, a la politización de que ha sido objeto" por parte del PSOE y del PP, al tiempo que extiende esas consideraciones hacia el Tribunal Constitucional porque, afirma, "en su actual composición, que ha excedido con creces el periodo de su mandato".
Termina el comunicado afirmando que el Gobierno vasco espera que el Constitucional "anteponga los derechos fundamentales a la restricción de derechos, la razón jurídica a la razón política, la razón democrática a la razón de Estado".