Beatriz Corredor durante su comparecencia. /EFE
Defensa cede terrenos a la Junta de Castilla-La Mancha para VPO
El Ministerio de Defensa cederá a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por un millón de euros terrenos militares de 8.000 metros cuadrados de extensión en Ciudad Real para la construcción en dos fases de un total de 194 viviendas de protección oficial, diez de las cuales irán destinadas a militares que vivían en el antiguo acuartelamiento de La Misericordia.
La ministra de Defensa, Carme Chacón, y el presidente castellano-manchego, José María Barreda, han firmado en la sede del Departamento en Madrid el convenio de colaboración por el que se desafectarán los terrenos, que están valorados, según el presidente regional, en dos millones de euros.
En la rueda de prensa posterior a la firma del acuerdo, Barreda ha explicado que finalmente la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha abonará al Ministerio de Defensa un millón de euros, tras haberse comprometido a entregar al Departamento diez de las 41 viviendas que se edificarán en la primera fase y los bajos de dichos alojamientos para albergar la sede de la Subdelegación del Ministerio de Defensa en Ciudad Real.
Tendrán más probabilidades de ser adquiridos los suelos susceptibles de transformación inmediata
La oferta inicial podría ampliarse, aunque la cuantía exacta no se decidirá hasta que se vea la acogida del concurso
Corredor asegura que no se pretende impedir el ajuste del mercado, sino garantizar el derecho a una vivienda
La
suspensión de pagos de la inmobiliaria Martinsa-Fadesa ha dado el empujón necesario para que el Gobierno prepare para octubre una oferta pública de compra de suelo por 300 millones de euros, por la que adquirirá solares privados para la construcción de vivienda protegida (VPO), según ha anunciado la ministra de Vivienda.
Durante su intervención en el Foro Cinco Días, Beatriz Corredor ha explicado que en septiembre se reunirá con las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para consensuar los criterios con los que se seleccionará el suelo, cuya compra será a través de la entidad estatal de suelo SEPES. No obstante, ha adelantado que tendrán más probabilidades de ser adquiridos los susceptibles de transformación inmediata, así como los situados en poblaciones con mayor demanda de vivienda.
Sobre el precio de compra, la ministra ha explicado que dependerá de la ubicación del suelo y de sus características, si bien ha dejado claro que siempre estará en función del precio de la VPO. El plazo para presentar las ofertas estará abierto de octubre a diciembre, y al término SEPES dispondrá durante seis meses del derecho de compra de todos los suelos presentados a concurso, para tener tiempo suficiente para evaluar los terrenos.
Ampliación de la oferta
Según ha explicado la ministra, la oferta inicial de 300 millones podría ampliarse, aunque la cuantía exacta no se decidirá hasta que se vea la acogida del concurso, si bien la intención del Gobierno es que esta iniciativa tenga carácter anual. Aunque en los planes del Ejecutivo está dotar cada año una partida para esta iniciativa en el presupuesto, el importe para próximos concursos dependerá de las necesidades y de la oferta.
Asimismo, Corredor ha anunciado que a partir del próximo año el presupuesto ordinario que SEPES destina anualmente a la compra de suelo aumentará de 100 millones de euros actuales a 150 millones. La ministra ha negado que la compra de suelo privado se lleve a cabo para ayudar a los promotores inmobiliarios en dificultades y ha afirmado que se trata de una medida estructural con la que se pretende avanzar hacia un mercado inmobiliario más sostenible.
Garantizar el derecho a una vivienda
En este sentido, ha querido dejar claro que la función del Gobierno no es impedir el ajuste del mercado, sino garantizar el derecho a una vivienda, razón por la que no se tomarán medidas que den continuidad al modelo de mercado de la última década. "Siempre hemos mantenido que el crecimiento del sector inmobiliario era insostenible con una construcción de viviendas por encima de la demanda", ha comentado Corredor, quien ha añadido que al frenazo de las ventas se ha unido la escasez de crédito, lo que agrava la crisis del sector.
Ambas circunstancias se unen, ha explicado, al hecho de que muchas empresas inmobiliarias están fuertemente endeudadas y ha citado la situación de Martinsa-Fadesa, que ha calificado de "mala noticia" para los trabajadores, compradores, ciudadanos y Gobierno. Por esta razón, ha pedido a las entidades financieras que confíen en el tejido empresarial español y le ofrezcan liquidez para llevar a cabo sus nuevos retos.
Asimismo, ha solicitado a los empresarios del sector confianza en un Gobierno, que pondrá a su alcance "los medios necesario para conseguir un mercado fuerte". Una confianza que es recíproca, según Corredor, quien ha reconocido que los empresarios del sector han tenido que convivir en los últimos años con "oportunistas y especuladores que aprovechando la bonanza económica acudieron al mercado inmobiliario para enriquecerse".