Quienes trabajan de cara al público han aprendido a asumir los esporádicos encontronazos con usuarios y clientes como un gaje del oficio. Sin embargo, en algunos ámbitos laborales estos desencuentros han dejado de ser hechos excepcionales para convertirse en una desagradable rutina. Es el caso de los empleados del departamento de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao. En lo que va de año, 19 trabajadores han sido víctimas de las actitudes violentas de personas que se han acercado a los diferentes servicios de asistencia. Aunque no han llegado a sufrir daños físicos, han sido objeto de amenazas, acosos e intentos de agresión en el desarrollo de su función.
Para atajar «esta grave situación, que afecta sobre todo a mujeres», el departamento ha puesto en marcha un plan, según explicó ayer el responsable de la concejalía, Ricardo Barkala, quien considera que «hay muchos más casos que no se han denunciado». Para desarrollar esta iniciativa se ha creado un grupo de trabajo denominado 'equipo de violencia cero', formado por responsables del área, personal de prevención de riesgos laborales y afectados, en su mayoría trabajadores sociales, auxiliares administrativos, encargados de albergues y funcionarios de las unidades de ayudas de emergencia social.
Entre las medidas que se han adoptado destaca el endurecimiento de las amonestaciones a los usuarios que manifiestan «actitudes inadecuadas», como la suspensión temporal o definitiva de las prestaciones e incluso acciones legales. De hecho, según desveló Barkala, hay al menos un caso que, «por su gravedad, ha acabado en los juzgados». Además, destacó, muchas veces la persona que provoca un incidente violento ni siquiera es usuario de los servicios municipales. En ocasiones, los que ponen en aprietos a los trabajadores son sus familiares, visitantes de algunos centros o simples intrusos.
«La toman con ellos»
Los motivos que desencadenan los incidentes suelen ser de índole económica. Según admitió el concejal, muchos de los casos registrados este año se han producido cuando el empleado municipal ha notificado a un perceptor de alguna ayuda que se la iban «a recortar o a retirar porque no cumplía los requisitos y también cuando se les ha informado de que tenían que devolver dinero ya recibido porque no lo habían justificado». «La toman con los empleados, y eso que no tienen ninguna responsabilidad en el asunto, simplemente se limitan a cumplir las normas», defendió Barkala.
Pero las ayudas no son el único punto de fricción. Las esperas, en ocasiones bastante prolongadas, para ser atendidos por los servicios sociales también han soliviantado a algunos usuarios. En este punto, Barkala avanzó que se hará todo lo posible para evitar estas situaciones. «Incluso contemplaríamos el aumento de plantilla para evitar estas demoras», deslizó el edil, quien, no obstante, también destacó que, por mucho empeño que los responsables del área pongan en evitar las actitudes violentas, hay factores desencadenantes que se escapan a todo control. «En algunos servicios, como los albergues, hay personas con problemas mentales o de drogodependencias», apuntó. Asimismo, señaló casos difícilmente comprensibles, como el de algunas personas que llegan «excesivamente tarde» a su cita con los trabajadores sociales para pedir una ayuda económica y no dudan en iniciar una buena tangana para que se les atienda.
Así, por si las campañas de sensibilización pública y las medidas de 'castigo' no son suficientes para inhibir a los ciudadanos más violentos -generalmente varones, aunque algunas veces son madres acompañadas de niños de corta edad-, los responsables de Acción Social han diseñado un completo abanico de medidas para proteger la seguridad de los empleados.
Se instalarán dispositivos de aviso en los despachos de los centros de trabajo, se dotará a quienes realicen visitas domiciliarias de un móvil que tenga línea directa con la Policía local y la Ertzaintza y se contratarán vigilantes en los puntos donde aún no cuentan con este servicio. «Vamos a mojarnos con este tema -aseguró el concejal-. Desde luego, soportar estas actitudes no está incluido en el sueldo de estos trabajadores, que a veces terminan con bajas de larga duración por motivos psicológicos».