Fiscalía de Seguridad Vial
La Justicia ha dictado un total de 26.820 sentencias condenatorias por cometer infracciones viales desde el mes de diciembre
Nueve de cada diez condenas son por conducir bajo los efectos del alcohol. / EFE
Son conductores multirreincidentes o que han causado siniestros muy graves. No asimilan la cultura de la seguridad vial y su conducta es del todo antisocial. Desde el pasado 2 de diciembre, fecha de entrada en vigor de la reforma penal que endurece los delitos de tráfico, un centenar de personas han ingresado en prisión para cumplir condena. La mayoría tenía antecedentes delictivos por otros asuntos y han sido encarcelados tras cometer alguna infracción vial castigada por el actual Código Penal: alta alcoholemia, exceso de velocidad, circular sin carné o con evidente desprecio a la vida, como es el caso de las carreras ilegales.
Pese a la contundencia del dato -casi uno cada dos días-, el porcentaje sobre el total de condenas formuladas es de tan sólo el 0,26%. Una cifra que rompe el mito de que las cárceles se iban a llenar de conductores temerarios. Es más, según Instituciones Penitenciarias, a 30 de junio se computaban 1.741 internos por delitos contra la seguridad vial, buena parte de ellos por hechos anteriores a la reforma penal, lo que supone el 0,4% de la población reclusa -más de 71.000 presos, salvo en Cataluña-. Las condenas van desde los seis meses a los dos años en los casos de «temeridad manifiesta» y de dos años a cuatro en los más graves.
Además de las penas de cárcel, la Justicia ha dictado en este periodo un total de 26.820 condenas por infracciones viales y se prevé que lleguen a 50.000 antes de concluya el año. Más del 90% de las mismas han estado motivadas por conducir bajo los efectos del alcohol -una cantidad por encima de 1,2 gramos en litro de sangre-, el 4% por circular sin permiso de conducir -la mayoría son hombres y españoles- y el resto, 230 condenas, por exceso de velocidad -más de 200 kilómetros por hora en autovía, 180 en carretera convencional y 110 en vía urbana-.
La Fiscalía de Seguridad Vial entiende que el «reducido» número de sentencias condenatorias por velocidad se debe a varios motivos: los límites establecidos por el Código Penal son «muy altos» y se dan casos de conductores «asociales» que usan medios fraudulentos para evitar los radares, como sustancias vertidas en las matrículas o inhibidores ilegales de radares, «lo que exige reforzar los sistemas técnicos para hacerles frente», apuntan fuentes del Ministerio Público.
Juicios rápidos
La Fiscalía alega que una de la razones de la eficacia de la reforma penal es que el 94% de las sentencias formuladas (25.208) han sido resueltas en juicios rápidos por conformidad. Es decir, con el acuerdo entre el fiscal provincial y el abogado defensor. Este pacto reduce en un tercio las penas impuestas, que suelen quedarse en retirada del permiso de conducir, trabajos en beneficio de la comunidad -conmutados por las penas de prisión- y multa económica. Los casos que se tramitan por juicios rápidos y que no son resueltos por conformidad de las partes tardan unas dos semanas en solucionarse, mientras que las diligencias previas que requieren más profundidad probatoria y se cursan por la vía convencional esperan entre seis y diez meses.
Pese al incremento del volumen de trabajo que soportan ahora los juzgados provinciales, el fiscal de seguridad vial, Bartolomé Vargas, aseguró ayer que la reforma penal no está produciendo disfunciones y destacó el esfuerzo de jueces y fiscales para que se lleve a cabo dado el «sensible» incremento de los juicios urgentes desde el pasado diciembre. En tan sólo siete meses, la mitad de las vistas que se celebran cada día ya corresponden a casos de seguridad vial.
