Con la polémica suscitada a raíz de la excarcelación el pasado sábado del etarra Iñaki de Juana Chaos como telón de fondo, el ministro de Interior reiteró ayer que la puesta en libertad del terrorista era inevitable al haber cumplido su condenada y ser juzgado en su día con el Código Penal de 1973. Sin embargo, advirtió de que Arkaitz Goikoetxea, el supuesto jefe del 'complejo Vizcaya' detenido en Bilbao el pasado 22 de julio, no correrá la misma suerte. Alfredo Pérez Rubalcaba se mostró convencido de que los tribunales confirmarán las imputaciones que recaen sobre el cabecilla del 'talde', de 28 años de edad, y aseguró que «cuando salga a la calle tendrá 68» debido a la reforma legal que facilita el cumplimiento íntegro de las penas.
El miembro del Gobierno, que asistió a la inauguración de una comisaría de la Policía Nacional en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra, afirmó que existen «pruebas suficientes de distintos delitos» para condenar a Goikoetxea. Entre otros atentados, se le imputa el asesinato del guardia civil Juan Manuel Piñuel en Legutiano. Rubalcaba confió en que al presunto jefe de la célula etarra se le aplique la pena máxima contemplada en España por actos de terrorismo, que asciende a 40 años. Además, y a diferencia de lo ocurrido con De Juana, el etarra podría cumplir otra accesoria que le impedirá convivir cerca de afectados.
Varias asociaciones de víctimas exigieron ayer de nuevo una norma que evite que los terroristas residan cerca de éstas, tras conocerse que el ex jefe del 'comando Madrid' se establecerá vivirá en el barrio de Amara, en San Sebastián, junto avariios damnificados de la banda. Rubalcaba reiteró a este respecto que el Gobierno estudiará cada uno de los pasos del etarra excarcelado el sábado porque -insistió- «no va a consentir que les falte al respeto».
Por su parte, el vicesecretario general del PP, Esteban González Pons, solicitó al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que «inste a la revisión de las condiciones» en las que Iñaki de Juana obtuvo una reducción de su condena. Un juzgado de Getxo investiga si los títulos académicos de los que se valió el etarra son falsos, una práctica muy utilizada en el pasado por la banda.
Permisos penitenciarios
En ese mismo empeño se pronunció ayer el secretario general del PP vasco, Iñaki Oyarzábal, quien advirtió en Vitoria que, de demostrarse la existencia de irregularidades en los certificados presentados por el antiguo líder del 'comando Madrid', pedirá que la revisión de todos sus beneficios penitenciarios. «No nos queremos quedar en las frases hechas, hay que aclarar esas circunstancias. Entonces, actuaremos», expresó.
González Pons remarcó, por su parte, la necesidad de «estudiar políticamente» qué hacer cuando un preso que no muestra ni un ápice de arrepentimiento abandona la cárcel al considerar que «un terrorista así es siempre un peligro potencial». Apostó por analizar la situación de los etarras que finalizan condena en el «marco del diálogo abierto ahora» entre PSOE y PP, una estrategia, a su juicio, «sagrada».
Entre los colectivos de víctimas, la AVT aplaudió la apertura de una investigación por parte de la Audiencia Nacional sobre De Juana Chaos, criticó la supuesta «pasividad» del Gobierno al respecto y calificó de «incomprensible» que un etarra que no muestra «arrepentimiento» pueda vivir cerca de las víctimas.