campaña electoral vasca
Pretende suavizar el proyecto de ley sobre el modelo educativo que plantea EA y dificultar que el PSE-EE no lo apoye
El PNV quiere evitar un escenario de confrontación política y social en materia lingüística en vísperas de la campaña electoral vasca. Los comicios se presentan a priori como unos de los más reñidos de los últimos tiempos, con pronósticos de empate técnico entre los jeltzales y el PSE según algunas encuestas. Es en este contexto en el que el partido de Iñigo Urkullu ha pedido al Departamento de Educación, dirigido por EA, que flexibilice la reforma de los modelos educativos, con la que el equipo de Tontxu Campos pretende que el alumnado alcance al terminar la ESO un nivel B2 de euskera -equivalente al 'first' inglés- que debería revalidarse en una prueba específica. De aprobarse este proyecto se eliminaría toda opción de matricular a los hijos en una enseñanza íntegramente en castellano, como exigen colectivos de padres.
Fuentes consultadas en las distintas fuerzas del Gobierno vasco confirmaron ayer que han mantenido reuniones a dos bandas en la primera quincena de julio, en las que estuvieron presentes la presidenta de la comisión de Educación, Onintza Lasa, de EA, y los técnicos responsables del proyecto. Unos y otros se habrían mostrado abiertos a «los cambios y correcciones» pertinentes y a implantar la reforma de forma «gradual», dando autonomía a los centros escolares.
Pese a estas promesas, y aunque el PNV siempre había cerrado filas con los planteamientos del consejero Campos, el grupo parlamentario jeltzale ha presentado ahora algunas objeciones y defiende, por ejemplo, la instauración paulatina de la ley y la posibilidad de comprobar la idoneidad de las modificaciones mediante experiencias piloto. Según fuentes del tripartito, la normativa en proyecto implantaría en la práctica un modelo trilingüe desigual, con aproximadamente un 60% de la enseñanza en euskera y otro 40% en castellano y en inglés.
En círculos peneuvistas se admite el interés del partido en marcar perfil propio -menos radical- frente a la formación de Unai Ziarreta, máxime en un asunto «tan sensible» como el euskera, que en los últimos meses ha sido objeto de polémica por la aparición de plataformas de padres en defensa de la enseñanza en castellano o por el controvertido decreto del uso de la lengua vasca en los comercios. Todo ello con la consulta de Ibarretxe como trasfondo político. Aunque también se subraya que el PNV siempre ha hecho hincapié en los dos argumentos que ahora esgrime: la «progresividad» y el acomodo a las diferentes «realidades sociolingüísticas».
No obstante, entre los socios minoritarios del Ejecutivo ha causado cierta extrañeza -malestar en el caso de EA- el «amago» de desmarque del PNV, que se interpreta «en clave política» con un doble objetivo: no ahuyentar o desmovilizar a su electorado más moderado y dejar la puerta abierta a tomar las riendas de la reforma en el hipotético caso de que recuperase la cartera de Educación en la próxima legislatura.
El ejemplo de Cataluña
Aunque en el PNV reconocen que esa aspiración siempre ha estado patente en sectores del partido, descartan que sea la razón de fondo de los movimientos del grupo parlamentario. Más factible resulta que los jeltzales busquen allanar el camino al respaldo del PSE -al tripartito le resulta imprescindible recabar el apoyo de los socialistas o de EHAK, descartado el concurso del PP- al suavizar las medidas. Así, en caso de que los socialistas se desmarquen finalmente, podrían criticar su rechazo a un modelo más rebajado que el que sí apoyan en Cataluña.
Mientras tanto, EA insiste en que la ley se aprobará esta legislatura «sin problemas», aunque en el tripartito está extendida la convicción de que no se lograrán los apoyos necesarios. La izquierda abertzale, por su parte, aprovechó para acusar a los jeltzales de «obedecer» al PSOE y ser «siervos de España».
