E n 1995 la Asociación Víctimas del Terrorismo presentó en el Congreso más de un millón de firmas reclamando el cumplimiento íntegro de las penas impuestas a los terroristas. Ese mismo año se modificó el Código Penal para eliminar las redenciones de penas que permitía el Código de 1973 pero, como era lógico, la reforma no tenía efectos retroactivos.
Hubo que esperar hasta 2006, al calor del debate social provocado por una acumulación de excarcelaciones de etarras con largas condenas, para que desde la judicatura se solucionara el problema mediante una aplicación diferente de los descuentos de las penas acumulados por diversos motivos. Fue la 'doctrina Parot' que, sin cambiar la ley ni la sentencia, permitió ampliar el tiempo de cumplimiento hasta los 30 años íntegros como límite máximo.
Esa nueva interpretación puso fin a excarcelaciones en las que había una manifiesta falta de proporcionalidad entre los delitos cometidos y la pena cumplida. De Juana Chaos se libró por poco de la 'doctrina Parot' y sus 25 asesinatos fueron liquidados con 19 años de prisión. Domingo Troitiño, detenido el mismo año que De Juana, no tuvo tanta suerte y en vez de salir en 2006 tendrá que esperar a 2017, cuando cumpla los 30 años. El pasado 13 de febrero un tribunal francés condenó al etarra Ibón Fernández Iradi, 'Susper', a treinta años de cárcel, con un cumplimiento mínimo asegurado de veinte, por disparar contra el gendarme Gerard Larroude, que resultó gravemente herido. Pasará más tiempo en prisión por herir a un policía en Francia que el que ha pasado Mercedes Galdós por matar a trece personas en España.
Además está la cuestión de las indemnizaciones pendientes que los terroristas deben y que no pagan. Se anuncia ahora, en 2008, la creación de una unidad especial para controlar el patrimonio de los etarras que salen de la cárcel (EL CORREO, 21-7-08) y que la cuestión va a ser tratada en septiembre en los nuevos pactos antiterroristas del Gobierno con el PP. Pero el asunto no es tampoco nuevo: en 1993, la AVT denunció estas situaciones y estimó entonces que la deuda de los etarras ascendía a 60.000 millones de pesetas. Desde entonces no se ha hecho nada.
En Francia, la juez Le Vert ha embargado y va a subastar en breve todas las casas en las que estaban los zulos de ETA descubiertos en octubre de 2004, cuando se detuvo a 'Mikel Antza' y se puso al descubierto la red de escondites subterráneos de la banda. La ley francesa ha establecido la incautación de las casas en las que los terroristas guardan sus explosivos. En España ni les cobramos las deudas judiciales.
