El anteproyecto de ley de reforma de los modelos lingüísticos elaborado por el Departamento de Educación, en el que se establece que todos los colegios públicos y concertados impartirán en euskera, al menos, un 60% de las asignaturas, ha levantado ampollas entre los diferentes grupos políticos y agentes sociales al conocer la propuesta desvelada por EL CORREO. Los partidos de la oposición ratificaron ayer su rechazo al borrador redactado por la consejería de Eusko Alkartasuna (EA) al entender que se trata de una «imposición», cuyo único objetivo es «eliminar el castellano» para establecer un «modelo monolingüe» que «limita la libertad de elección de las familias». Las reticencias del PNV amenazan la viabilidad de la propuesta.

La reforma, que acaba con el actual sistema de los tres modelos lingüísticos, deja autonomía a los centros para decidir en qué idioma oficial o extranjero se imparte el 40% de las asignaturas. En cualquier caso, se trata de una autonomía relativa. Por primera vez, las escuelas e institutos tendrán que rendir cuentas a Educación sobre los resultados lingüísticos de sus alumnos. El Departamento examinará a los escolares en cuarto y sexto de Primaria y en segundo y cuarto de Secundaria para comprobar si alcanzan el nivel exigido. El texto también establece que cada centro tendrá que elaborar su propio programa lingüístico en función de las necesidades de sus alumnos «teniendo en cuenta que si no obtienen los resultados previstos se verá obligado a cambiar el programa y dedicar más tiempo al euskera». Si llegara a aprobarse, la ley se aplicaría en los centros públicos y concertados.

Las reacciones a la propuesta de Educación no se han hecho esperar. Los socialistas advirtieron ayer de que no van a «entregar ningún cheque en blanco. Hay que poner todas las cartas sobre la mesa. Desde luego, no aceptaremos ningún anteproyecto que se reserva elementos para hacer después un decreto a su medida. Y mal empezamos si ya hablamos de obligatoriedad», señaló la parlamentaria Isabel Celaá. En este sentido, insistió en que su partido se va a «empeñar en negociar hasta la saciedad» para que los alumnos matriculados en el modelo A (castellano) «se encuentren cómodos dentro del sistema, aunque haya que inventarse nuevos itinerarios».

Los populares fueron más allá en sus críticas. Para Iñaki Oyarzabal, la propuesta, que tachó de «inadmisible», supone la «eliminación del castellano de la escuela» y una «instrumentalización del euskera». «Campos está obsesionado por teledirigir la decisión de las familias hacia el modelo D (euskera) y no se da cuenta de que lo único que va a conseguir es su rechazo», subrayó.

Desavenencias

La reforma lingüística, proyecto estrella del Departamento de Educación, fija el euskera como la «lengua propia» del ámbito educativo. Por tanto, los centros deberán hacer de ella el «vehículo de expresión normal y preferente en todas sus actividades», docentes y no docentes. El anteproyecto también señala que la lengua vasca y el castellano son oficiales, por lo que todo alumno tiene el «deber de aprenderlos adecuadamente» y el «derecho a usarlos». Es precisamente en este punto, donde socialistas y populares se muestran más escépticos. A su juicio, las «metas» que los alumnos deben alcanzar en cada etapa educativa, tanto en euskera y castellano como en lengua extranjera, supondrían en la práctica que la gran mayoría de las asignaturas se tendrían que impartir en lengua vasca para poder superar las evaluaciones impuestas por Educación. «Luego ese 60% obligatorio podría terminar convirtiéndose en un 90 o un 100% en función de cada centro», lamentaron Celáa y Oyarzabal. Lectura que también comparte el sindicato CC OO. «Se trata de una propuesta trampa», resumió el delegado sindical, Javier Nogales.

El Departamento de Educación se pronunció ayer ante la información publicada por EL CORREO con las claves del anteproyecto de ley de aprendizaje de lenguas. En un comunicado, la consejería advirtió de que mantiene «abierto un cauce de diálogo» con partidos políticos y agentes educativos con el objeto de «alcanzar el mayor consenso posible sobre la reforma educativa». Rafa Larreina (EA) mantiene que las «posibles dudas» de los de los jeltzales sólo se pueden interpretar en «clave política».

En un proyecto «tan delicado» como la ley de aprendizaje de las lenguas, cualquier detalle puede ser motivo de confrontación en un escenario donde la proximidad de las elecciones autonómicas marca el discurso de los partidos. Es el caso de los nacionalistas vascos. Los jeltzales admitieron hace unos días el interés de la formación por marcar un perfil menos radical que el de sus compañeros de gobierno. De hecho, las discrepancias respecto al borrador elaborado por EA comprometen seriamente su aprobación.

La postura adoptada por el PNV fue criticada ayer por la izquierda abertzale al entender que los peneuvistas quieren «cerrar el camino» a la reforma de los modelos lingüísticos «presentando excusas baratas». Entretanto, Ezker Batua mantiene que el proyecto «debe generar el mayor consenso posible». En este sentido, Antton Karrera manifestó la actitud abierta de su formación para negociar con la consejería de Tontxu Campos «un proyecto -dijo- que debe responder al objetivo de la euskaldunización». Pese a las desavenencias internas con el PNV, la formación de Unai Ziarreta está convencida de que sus socios de gobierno aprobarán la propuesta definitiva sobre los modelos lingüísticos. La fecha elegida para elaborar el anteproyecto, tampoco ha gustado a los grupos políticos, que «ni siquiera» han tenido acceso al borrador. «Es irresponsable e irrespetuoso», coincidieron.