T odos sabemos que la distinción entre políticos e intelectuales está lejos de ser neta. No sólo porque algunos intelectuales persiguen objetivos terrenalmente políticos, sino también porque no han dejado de existir políticos con un bagaje intelectual y una capacidad de análisis muy por encima de los, habitualmente, escasos requerimientos de la política politiquera, lo que los franceses denominan 'politique politicienne'.

A pesar de todo, creo que debe exigirse a cada una de estas categorías, políticos e intelectuales, un cierto grado de coherencia con los objetivos proclamados y con los métodos privativos de cada una de dichas actividades. Una coherencia, al menos sincrónica, en cada momento y no, por supuesto, una coherencia diacrónica, es decir, durante toda a vida o largos periodos de ella, porque no existe razón alguna para condenar a nadie a ser o siempre intelectual o siempre político. Es más, el tránsito sucesivo por los campos del pensamiento, la reflexión y el análisis y por las trochas de la política, el posicionamiento y la alianza contingente probablemente depare beneficios a la maduración intelectual propia y a la sociedad a la que, de una u otra manera, se pretende servir.

Esta quizas demasiado larga introducción resulta, a mi entender, necesaria para explicar lo que me ha producido el artículo del profesor Joseba Arregi 'Obligaciones y rebajas' (EL CORREO, 29-7-08).

El profesor Arregi ha caído, sin duda, en la facilidad (no sé de qué otra manera traducir 'errazkeria') Se trata, efectivamene, de un artículo fácil.

En primer lugar, porque es impropio del profesor Arregi considerar «valentías» las medidas que critica y «rebajas» los matices, la mesura, la proporcionalidad e incluso la racionalidad que, reconoce, las acompaña. Pareciera que al articulista se le hubiera pegado el deje entre fiero y desdeñoso con que entre nosotros determinado sector político autodenominado radical descalifica todo lo que tiene que ver con la política democrática, el respeto a los otros o simplemente con la convivencia: parcheo, pasteleo, rebajas, fraude, chapuza, etcétera, son los términos que frecuentemente lanzan como pedradas. El 'síndrome Marat' creo que le llaman en Francia y constituye, creo, «la enfermedad infantil de la democracia», parafraseando a Lenin.

En segundo lugar, el profesor Arregi considera «bastante absurdo» que «el Gobierno vasco, por medio de la Viceconsejería de Política lingüística, y dentro del programa de actividades del Consejo Asesor del Euskera, ponga en marcha una subcomisión para elaborar los Criterios de una Política Lingüística para el siglo XXI. Y resulta absurdo porque el Gobierno en el entretanto continúa como si no hicieran falta nuevos criterios, pues está empeñado en seguir con las políticas ya establecidas». Siento tener que recordar al profesor Arregi que, primero, las políticas establecidas gozan de completa legitimidad democrática y de un amplio apoyo político y social y que, segundo, a pesar de ello el Gobierno vasco ha puesto en marcha el proceso de reflexión y debate a que se refiere, precisamente porque cree -creemos- que dichos legitimidad y consenso deben ser actualizados, renovados y replanteados en una sociedad como la vasca, en permanente cambio. Lo contrario, partir de cero como si la historia recomenzara a cada instante, es una de las críticas que el profesor Arregi ha prodigado a todo tipo de políticas públicas de carácter transformador. Entre la utopía adanista y la continuidad sin fisuras, la mayoría hemos optado por la reflexión, el debate y la renovación de los consensos básicos. Ésa es también la apuesta de la Viceconsejería de Política Lingüística, que se está materializando en una posición abierta al diálogo y al acuerdo y un talante renovado, como puede comprobarse en el proceso de reflexión y debate que se desarrolla bajo el epígrafe de 'Política Lingüística de principios del siglo XXI' y al que luego me referiré.

En tercer lugar, porque tras haber criticado el discurso irrestricto de los derechos lingüísticos como exponente de la inmadurez democrática, ahora la emprende con los correlativos «deberes lingüísticos». Pero, ¿cómo se puede criticar durante años que somos como niños que sólo reivindican derechos sin aceptar obligaciones y, a continuación, atacar éstas en nombre de la libertad absoluta?

este respecto, me remito al documento 'Bases para la política lingüística de principios del siglo XXI', que refleja, no en el calor de una polémica y sin la necesidad de simplificar la posición del adversario, lo que es hoy por hoy una posición muy mayoritaria entre muchos interesados en el euskera y la política lingüística. El documento, que está dando pie a un debate que se revela, además de necesario, extraordinariamente rico y en el que el profesor Arregi ha realizado aportaciones singulares, subraya en varios de sus apartados tanto la validez de los derechos lingüísticos de los ciudadanos, de todos los ciudadanos y no, como algunas voces han interpretado, de las lenguas o de los territorios. Subraya también el documento el carácter no absoluto de los derechos lingüísticos, al afirmar que «todos debemos tener presente, y aceptar, que los derechos, con excepción de unos pocos (como el derecho a la vida, por ejemplo), no son absolutos, y que, en ocasiones, ejercer un derecho puede obstaculizar el ejercicio de otro derecho. En cualquier caso, la política lingüística debería condicionar la libertad de los ciudadanos en la menor medida posible. Lo contrario ocurriría si, en lugar de basarse en la voluntad, la política lingüística se basara en la fuerza o en la coerción».

Los redactores del documento creemos que debemos acometer la reflexión acerca de la situación y el futuro del euskera no sólo desde la perspectiva de los derechos lingüísticos, sino también desde la perspectiva de esclarecer qué medidas nos conviene tomar, qué aspectos nos interesa evitar, cuáles nos conviene priorizar y cuáles dejar a un lado, aunque sea temporalmente, en el camino para lograr el objetivo de impulsar y fortalecer el uso del euskera, situando como único objetivo el interés del propio euskera. El establecimiento de esta perspectiva junto a la de los derechos lingüísticos impulsaría las líneas de trabajo y los ritmos de la política lingüística.

Pero junto con ello, el repetido documento recuerda que «corresponde a las autoridades públicas adoptar las medidas adecuadas en orden a garantizar el conocimiento y el uso del euskera. Son los ciudadanos quienes son sujetos de los derechos lingüísticos, y corresponde a los poderes públicos ampararlos, además de la adopción de las medidas oportunas para que los ciudadanos puedan hacer uso de esos derechos, medidas que en muchos casos -e ineludiblemente- pueden producir incomodidades, pero garantizando en todo momento la justicia, idoneidad, proporcionalidad y eficacia de dichas medidas».

Por ello, creo que el profesor Arregi, cuando parece criticar que se exija a funcionarios y servicios públicos que estén, con todas las garantías de proporcionalidad y progresividad, al servicio de los derechos lingüísticos de los ciudadanos, euskaldunes o no, actúa en contra de su propio discurso. Por ello, tildar, como parece hacer el profesor Arregi, de imposición ilegítima, o siquiera exorbitante, que un funcionario o maestro contratado para trabajar en euskera sea obligado a hacerlo es como reconocer que el profesor de Física tuviera el derecho de decidir qué materia impartir cada curso. ¡O considerar que es una imposición inaceptable que se defina el nivel de conocimiento de euskera, o de inglés, que deben alcanzar los alumnos vascos en cada etapa educativa! ¿Qué propone Arregi, abolir los exámenes y las notas, o sólo abolir la enseñanza del euskera?

No tengo entre mis tareas la de vigilar la coherencia del profesor Arregi, pero quienes participamos, poco o mucho, en el debate público en nuestra comunidad, y especialmente en el debate sobre la política lingüística, agradeceríamos que interlocutores tan cualificados como el profesor Arregi se atuviesen a los valores y a los argumentos que proclaman, sin cambiarlos cada vez que les pareciera útil. Lo contrario, como decía el profesor Mitxelena, en respuesta a monseñor Griera, «es como enfrentarse al ajedrez con un adversario que tenga la desconcertante costumbre de mover cuando le conviene los alfiles como caballos o de desplazar su rey varias casillas para huir del mate inevitable. La partida resulta sorprendente por su novedad, pero pierde todo interés al cabo de pocas jugadas».