FUGADO DESDE EL DÍA 22
La Policía busca al abogado, que no ha vuelto a la cárcel en la que está ingresado
Rodríguez Menéndez no volvió a la cárcel el día 22. / EFE
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abrió ayer una investigación para determinar si cometió alguna infracción el juez de La Coruña que, en contra de los criterios de los responsables de la cárcel gallega de Teixeiro, concedió el 18 de agosto un permiso penitenciario al abogado Emilio Rodríguez Menéndez, que cumple una condena de nueve años y medio por defraudar a Hacienda y por un delito de revelación de secretos.
El polémico letrado, que debería haber regresado a la prisión el pasado viernes, aprovechó esa medida para huir y se encuentra en paradero desconocido. Las fuerzas de seguridad siguen su rastro tras emitir la autoridad judicial una orden de busca y captura por quebrantamiento de condena.
El magistrado investigado es el titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de La Coruña, Javier San Claudio Piñón, que aceptó un recurso de Rodríguez Menéndez y autorizó un permiso que había denegado la Junta de Tratamiento de la cárcel. Los responsables penitenciarios, después de analizar el comportamiento y el historial del recluso, le denegaron la licencia por la alta posibilidad de que el abogado «no regresara» a la prisión si se le permitía salir, entre otros motivos por su «versatilidad delictiva».
Dos años en prisión
El abogado llevaba internado en Texeiro desde el 12 de mayo de 2006. Tiene que cumplir una condena de nueve años y medio por defraudar a Hacienda 1,8 millones de euros entre 1990 y 1993 y por un delito de revelación de secretos, derivado de su participación en la grabación de un vídeo de carácter sexual con Pedro J. Ramírez, director de 'El Mundo', como protagonista.
La dirección de la prisión coruñesa tuvo muy en cuenta, al negarle el permiso, que Rodríguez Menéndez ya había huido de la Justicia en 2005, cuando abandonó España unos días antes de que la Audiencia provincial de Madrid ordenase su encarcelamiento para cumplir la pena por el delito de revelación de secretos. La Policía tardó casi un año en detenerle, a las afueras de Salamanca, tras un periplo por Argentina, Bolivia y Portugal.
El Consejo General del Poder Judicial, que se enteró de la fuga por la prensa, ordenó ayer al Servicio de Inspección que inicie una información previa sobre la actuación del juez. Es el primer escalón de las investigaciones disciplinarias y no prejuzga la existencia de irregularidad alguna en el comportamiento del magistrado. El Servicio de Inspección, en el plazo de un mes, debe recopilar todos los datos necesarios para analizar lo ocurrido, incluido un informe del propio San Claudio Piñón. Posteriormente, emitirá un dictamen en el que aconseje la apertura de un expediente disciplinario -si detecta indicios de infracción- o el archivo del caso si no aprecia falta alguna en el comportamiento del responsable del juzgado.
