Proyecto vasco de política residencial
Los socialistas vascos anticipan su rechazo a uno de los proyectos 'estrella' del Gobierno vasco, lo que impedirá aprobarlo esta legislatura
El plan del Gobierno vasco era aprobar la ley durante este mandato, un objetivo que se antoja imposible / EFE
La Ley de Vivienda, uno de los proyectos 'estrella' del tripartito, parece condenado al fracaso al carecer de apoyos suficientes para salir adelante esta legislatura. El PSE-EE, el partido en el que confiaba el Ejecutivo vasco para su aprobación, ya ha adelantado que no respaldará la iniciativa, que el departamento de Javier Madrazo
prevé presentar en septiembre al Consejo de Gobierno para que reciba su 'luz verde'. Los socialistas creen que, con las elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina -se celebrarán la próxima primavera-, apenas queda tiempo para lograr una norma consensuada con los ayuntamientos, las diputaciones y las principales fuerzas políticas; un paso que consideran necesario antes de que se inicie su tramitación en el Parlamento, en una fecha aún por determinar.
«El proyecto es crucial para que la Ley del Suelo sea efectiva y, en definitiva, para facilitar el acceso de los ciudadanos a la vivienda», admite el portavoz del PSE en la Cámara de Vitoria, José Antonio Pastor. «Pero tenían que haberlo presentado el año pasado por estas fechas. No queremos abordarlo deprisa y corriendo en periodo preelectoral, sobre todo teniendo en cuenta la situación del Gobierno de Ibarretxe y el actual clima de incertidumbre. ¿Por qué tenemos que dar bazas a quienes sólo tratan de marcarse un tanto?», se pregunta.
Los socialistas subrayan que su concurso es decisivo para que la normativa sea aprobada, ya que no ven probable que el tripartito intente impulsarla con los votos de EHAK o del PP, que han expresado un frontal rechazo al texto. Pastor también hace hincapié en que, dentro de la coalición de Gobierno, el PNV se ha enfrentado a Madrazo a causa de aspectos sustanciales del borrador, como el canon de 9 euros diarios para penalizar las viviendas vacías, que Ezker Batua defiende a capa y espada.
En realidad, el contenido de la Ley de Vivienda se está terminando de negociar dentro del Ejecutivo vasco, aunque las principales novedades ya se conocen desde 2007 a través del anteproyecto que elaboró el departamento que controla EB. Aparte del gravamen sobre los pisos desocupados, el texto reconoce el derecho de los ciudadanos a exigir a partir de 2012 un alquiler subvencionado que no supere la tercera parte de sus ingresos.
Igualmente, la consejería ha introducido, entre otras medidas, una muy controvertida: la obligación que tendrían los adjudicatarios de una vivienda de protección oficial (VPO) de desprenderse de ella en cuanto compraran un piso en el mercado libre. Ese nuevo requisito, así como el canon, se perfilan como dos cuestiones socialmente vidriosas, pues han despertado incluso el rechazo de los ciudadanos que participan en los sondeos realizados por el Ejecutivo autónomo en Internet.
Sondeos en la Red
Aunque esas encuestas no tienen valor científico, el Gobierno vasco los utiliza para hacerse una idea del impacto que pueden tener sus iniciativas. Precisamente, el impuesto sobre las viviendas vacías y la prohibición de poseer al mismo tiempo una VPO y otro inmueble son las únicas propuestas que han sido rechazadas en las encuestas de la Red, y también las que más votantes han congregado.
En cualquier caso, fuentes próximas a Madrazo insisten en que el proyecto que aprobará el Gobierno vasco en septiembre incluirá, a grandes rasgos, las directrices ya anunciadas por la consejería. De hecho, en el Departamento de Vivienda siempre han recalcado que el propio lehendakari respaldó el canon en su día, a pesar de que el entonces presidente del PNV, Josu Jon Imaz, lo criticó abiertamente. Y añaden que ese partido y EA, socios del tripartito, están de acuerdo en garantizar que las VPO sean utilizadas por quienes realmente las necesitan.
Las mismas fuentes sostienen que, en teoría, hay margen de maniobra para que la ley pueda tramitarse en el Parlamento de Vitoria, una vez que el Ejecutivo de Ibarretxe le dé el visto bueno el próximo mes. Según sus cálculos, con el horizonte de las elecciones autonómicas en marzo de 2009, el proyecto podría salir adelante entre octubre y enero. «Si existe un acuerdo político, es posible», subrayan.
En este sentido, el Departamento de Vivienda ha emplazado a los socialistas a «desligar del debate político las iniciativas que responden a necesidades sociales». A fin de cuentas, reconocen los medios próximos al consejero, «Ezker Batua no ha obtenido más votos con las leyes que ha impulsado desde el Gobierno vasco».
Sin embargo, el PSE parece haber tomado una decisión. «No es posible conseguir los consensos que faltan en tres meses», sostiene Pastor que, además de portavoz en la Cámara de Vitoria, es secretario general de su partido en Vizcaya. «La Ley de Vivienda necesita acuerdos muy amplios con los ayuntamientos, las diputaciones y las formaciones políticas. Y ese trabajo no se ha realizado».
El dirigente socialista reconoce que su grupo mantiene «acuerdos y desacuerdos» con Madrazo en materia de vivienda -suscribió un pacto parlamentario con EB y otras fuerzas de izquierda para impulsar el alquiler social en el País Vasco-. «Pero no se puede esperar un año para presentar el proyecto de ley y sacarlo unos meses antes de las elecciones», insiste.
