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07.09.08 -

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L os expertos mundiales en temas climáticos advierten del calentamiento global. Las consecuencias, dicen, serán catastróficas si no corregimos las causas. La principal es la emisión de gases de efecto invernadero, de los que el más nocivo es el CO2, emitido de forma masiva en la generación de electricidad en centrales de combustibles fósiles: carbón y gas natural. Este fenómeno ha motivado que los defensores de la energía nuclear (EN) salgan de sus cuarteles para salvar la Tierra. El peligro del calentamiento parece acabar, sin más, con los peligros de la EN, trasformándola en sostenible, verde y ecológica. Proponen construir centrales nucleares (CN) para generar energía eléctrica sustituyendo a las de combustible fósil. Pero el uso de la EN de forma masiva, global, ya fue estudiado con detalle por un grupo interdisciplinar de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) en 2003 (The Future of Nuclear Power).
Concluyeron que reactivar esta energía sólo tendría sentido si se hace de manera global a escala mundial. Para mantener la cuota nuclear en el mercado mundial de generación eléctrica en 2050 habría que añadir unas 1.500 nuevas centrales nucleares de 1.000 mw. Tan tremendo esfuerzo sólo reduciría, dentro de 50 años, un 10% las emisiones de CO2. Los expertos del MIT también concluyeron que este programa sólo era posible si se resuelven los retos principales: costes, seguridad, residuos y proliferación, sin lo cual no sería sostenible. El informe expresa con claridad que, en un mercado liberalizado, la EN no es competitiva frente al gas y al carbón.
Nada hay, desde 2003, que haya mejorado los riesgos de seguridad, residuos y proliferación; esos problemas empeorarían con el uso masivo de la EN. Los costes, además, se complican a pasos agigantados: mayores inversiones, mayores tipos de interés, escasez crediticia... En relación con el combustible nuclear, hoy la demanda dobla la producción minera de este material, además en manos de media docena de países. Este combustible, en un futuro nuclear, estaría sometido a similares vaivenes de precios, escasez y especulación que los fósiles.
La industria nuclear en España siempre ha afectado de diferente forma a las eléctricas y a los ciudadanos: los beneficios en la generación se han privatizado a favor de las empresas y los gastos enormes que el resto del ciclo nuclear genera se han socializado. Los costes del tratamiento de residuos son una incógnita: es imposible calcular el tratamiento a aplicar a los residuos para mantenerlos controlados miles de años; en el desmantelamiento de Vandellós I ya se llevan enterrados 600 millones de euros y aún no se ha finalizado.
Las CN españolas se amortizan en 25 años y a partir de ahí incrementan el margen económico de manera significativa. Como los ingresos son en función de los kw/h producidos, la disponibilidad operativa de la central es una variable fundamental. Pero cuando la CN se ha vuelto vieja, necesita más inspección y mantenimiento, paradas más prolongadas, lo que reduce las horas de operación y los ingresos. Hay aquí, pues, un tema de seguridad que debe preocupar a las autoridades públicas. Concientes de las dificultades para llevar a cabo un programa masivo de construcción de CN, algunos, en España, quieren introducir esta energía por la puerta de atrás. Recientemente, el ex ministro de Industria socialista Claudio Aranzadi pedía al Gobierno una «política energética nuclear» y en tal caso su «incentivación». También el «alargamiento de la vida más de 40 años», así como «plantas de 3ª generación en los emplazamientos actuales». Esta última petición es injusta, puesto que la decisión de los actuales emplazamientos la tomó un gobierno autoritario. Además, después de 40 años sometidas a contaminaciones radioactivas, parece de justicia que se libere a las poblaciones ya afectadas de otros ciclos contaminantes y en caso de nuevas instalaciones, sugiero que se emplacen en lugares próximos a la residencia del ex ministro. Según un eurobarómetro de enero de 2006, sólo el 4% de los españoles aceptaban la EN y el 8% de los franceses. En Francia, donde el 78% de la energía eléctrica es de origen nuclear, se emite más CO2 que en España. Respecto a la propuesta de Aranzadi de aumentar la vida útil de las actuales CN en 40 años, la cuestión fundamental es si las españolas están preparadas para operar más allá de su vida útil. Los ejemplos no parecen aconsejarlo: Vandellós I tuvo que cerrarse tras un incendio en 1989. Sólo funcionó 17 años. Vandellós II, en 2004, tuvo una rotura de la tubería de refrigeración y se descubrió que había sido reparada de modo poco ortodoxa 8 meses antes, lo que parecía conocer el CSN pero ignoraba la opinión pública. Quizás el ejemplo más claro y escasamente conocido sea el reactor de la central nuclear de Garoña (Burgos), fabricado en los 60 con una tecnología actualmente obsoleta y que sufre una progresiva degradación severa por agrietamiento generalizado en varios componentes relacionados con la seguridad.
El propietario de esta vieja central, que ha solicitado al Gobierno 10 años más de licencia operativa, sigue ordeñando el reactor dañado, porque es ahora cuando obtiene suculentos beneficios. Ampliar el alcance de las inspecciones para conocer mejor el estado de los componentes obligaría a prolongar la parada de la central y reducir su disponibilidad operativa y su rentabilidad.
Prolongar el funcionamiento de las CN más allá de su vida útil afecta a la seguridad de los ciudadanos. Pero sobre todo supone un éxito para aquellos que apoyan el uso intensivo de la EN en contra de un desarrollo más sostenible, basado en la reducción del consumo energético, la mejora de la eficiencia, las energías renovables eólica, solar y biomasa, aumentando las inversiones en el desarrollo eficiente de la termosolar y geotérmica, e impulsando las tecnologías limpias,. Entonces, quizás dentro de varias décadas, la EN haya superado con éxito los problemas que actualmente la hacen más arriesgada y menos sostenible que sus alternativas.
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