MARGEN IZQUIERDA
El Consistorio podría
rescindir el contrato
por segunda vez en apenas dos años
14.09.08 -
La gestión del polideportivo también se encuentra bajo sospecha. / JORDI ALEMANY
La gestión de los recintos deportivos de Ortuella vuelve a estar en entredicho. Casi dos años después de que el Ayuntamiento rescindiera por irregularidades el contrato de la Unión Temporal de Empresas (UTE) encargada de las instalaciones, la historia podría repetirse. La institución local ha abierto esta semana un expediente informativo a la compañía Labegane, que ahora realiza esas tareas, ante las sospechas de un posible incumplimiento del pliego de condiciones del servicio. Se trata de una firma formada por una entidad de limpieza -Karobi- y otra dedicada a asuntos deportivos -Laugernak-, la cual también estaba integrada en la UTE de la que se desprendió con anterioridad el propio Consistorio. Ambas sociedades centran su actuación en tres equipamientos: las piscinas, el polideportivo de El Barracón y la pista de atletismo cubierta.
Desde febrero, la interventora y el secretario municipal han emitido sucesivos informes en los que dan cuenta de las anomalías detectadas. Hablan de falta de documentación, variaciones continuas en el número de trabajadores, préstamos o múltiples actividades sin realizar. Todas estas cuestiones se han tratado ya en una comisión de seguimiento y el PSE tiene claro que «urge tomar cartas en el asunto».
Dos instructores
«Es un problema muy grave. Existe una dejación de responsabilidades por parte del equipo de gobierno, que debería llevar cuanto antes a pleno la rescisión del contrato», denuncia el portavoz socialista, Dani Arranz. El edil achaca al alcalde y al PNV esa «continua permisividad» con el único propósito de mantener a toda costa el pacto de legislatura con EA, que ostenta la concejalía de Deportes.
La concejal socialista Ana Coria va más allá. No sólo advierte de la «nefasta» gestión del servicio, sino que critica el excesivo coste que supone para el bolsillo de los ortuellanos. «Las máquinas del gimnasio están muertas de risa cuando existen monitores disponibles -algunos contratados- y no han construido la pista de paddel recogida expresamente en el contrato», relata.
El regidor, el jeltzale Oskar Martínez, niega que se haya sido permisivo con la empresa. «Hemos actuado con la máxima diligencia y ajustándonos a derecho. No podemos juzgar a nadie de antemano», reitera tras nombrar mediante un decreto a la interventora y el secretario municipal como instructores del expediente. Serán ellos los encargados de determinar la sanción correspondiente si se ha vulnerado el pliego de condiciones. Dependiendo de su gravedad, puede proponerse la rescisión del contrato o la imposición de una multa. El pleno tendría la última palabra.
