El Gobierno y el primer partido de la oposición recibieron con satisfacción la sentencia del Tribunal Supremo que ilegaliza a ANV. José Luis Rodríguez Zapatero subrayó que el fallo muestra la superioridad del Estado de Derecho, donde «los partidos que no lo respetan quedan fuera de la ley». Mariano Rajoy recordó que si el Ejecutivo hubiera impugnado en su día todas las candidaturas del partido sucesor de Batasuna, ahora estaría fuera de las instituciones.
En una breve valoración, el presidente del Gobierno sostuvo que el fallo pone de manifiesto que «nadie puede subvertir el Estado de Derecho, ni resistirse a la fuerza de la ley». En cuanto al reproche de Rajoy por haber permitido que se presentaran decenas de candidaturas de ANV a las municipales de 2007, Zapatero replicó que la ilegalización de un partido «exige el máximo de garantías». A este respecto, el portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, dijo que, en 2007, «el Gobierno impugnó todo lo que podía impugnar de acuerdo con la doctrina del Constitucional».
Mariano Rajoy, por su parte, interpretó que el alto tribunal viene a dar la razón al PP, que reclamó la ilegalización de la formación abertzale desde el primer momento a pesar de las reticencias del Gobierno socialista, dijo el líder opositor. «Siempre pensé que la vuelta a las instituciones era malo para la lucha contra el terrorismo», comentó en el Congreso. «Siempre defendí que ETA y sus apoyos no debían tener un altavoz en las instituciones ni gestionar dinero público», añadió Rajoy, quien calificó la resolución del Supremo de «ejemplar» y aseguró que constituye «un instrumento muy importante en la lucha contra el terrorismo».
También el portavoz del PP vasco, Leopoldo Barreda, valoró el fallo como «una decisión al servicio de la libertad y en defensa de la ley», «coherente» además «con lo que todos sabíamos, que ANV es un montaje más, una marca más de ETA». Barreda reclamó, por otra parte, que la sentencia de ilegalización «tenga consecuencias en los ayuntamientos, donde ANV nunca debió estar representada», y emplazó al resto de partidos a ejecutar el acuerdo parlamentario que planteaba «recuperar para la democracia» las alcaldías aeneuvistas.
Los socialistas vascos, mientras tanto, acogieron la sentencia como la demostración de que «en nuestro país no puede haber partidos que amparen y justifiquen la violencia». «Quienes quieran hacer política tienen que alejarse de la violencia y respetar las reglas de juego y las leyes que nos hemos dado», subrayó Rodolfo Ares. El secretario de Organización del PSE-EE preguntó también a las fuerzas nacionalistas y EB, críticos con la ilegalización, si lo que proponen es que «los radicales que amparan la violencia sigan campando a sus anchas en Euskadi».