La Audiencia Nacional ha acordado el archivo de las diligencias que inició en octubre de 2006 contra el sindicato Sintrabi y un grupo de empresarios del Puerto de Bilbao, al estimar que no existen pruebas suficientes contra ellos para justificar un procedimiento penal. El sobreseimiento de la causa fue solicitado hace algunos meses por la Fiscalía.

El caso suscitó en su momento un gran interés, ya que el magistrado Juan del Olmo, titular entonces del Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, autorizó a la Ertzaintza a realizar una espectacular operación, en la que detuvo a 19 personas, a las que mantuvieron incomunicadas durante 72 horas. Entre los detenidos figuraban dirigentes de la organización de transportistas Sintrabi, así como destacados empresarios de ese sector y de la logística portuaria. Entre ellos, estaban el presidente y el vicepresidente de la patronal de empresas consignatarias y de estiba. Fueron imputados de los presuntos delitos de extorsión y maquinación para alterar los precios y lo aparatoso de sus detenciones provocó numerosas críticas empresariales y también institucionales. Junto a la convicción generalizada de que existen numerosas restricciones a la libertad de mercado en el puerto vizcaíno, también había un amplio consenso en torno a la ineficacia de las medidas judiciales como vía para buscar una solución.

La Fiscalía, y ahora también la Audiencia Nacional, ha considerado que la investigación desarrolla por la Policía vasca -en su mayor parte basada en escuchas telefónicas- no ha permitido acreditar la autoría de los supuestos delitos penales. El juez, sin embargo, deja abierta la puerta a un procedimiento administrativo por parte del Tribunal de la Competencia.