La crisis aterriza en el País Vasco
Los diputados generales posan antes de iniciar la reunión del Consejo Vasco de Finanzas. / IGOR AIZPURU
El Consejo Vasco de Finanzas zanjó ayer la grieta que se había abierto entre las diputaciones en torno al futuro de la fiscalidad que deben soportar los contribuyentes de Euskadi. Aunque el foro no trata habitualmente estos temas y la decisión formal corresponde a cada una de las instituciones forales, la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, hizo pública la decisión de pasar por alto el acuerdo alcanzado por el PNV y EA en Guipúzcoa y que había sido ratificado por el Ejecutivo que preside el peneuvista Markel Olano. Así las cosas, la 'número dos' del Gobierno autónomo y resposnable de Hacienda anunció que el País Vasco suprimirá, tal y como ha hecho el Estado, el Impuesto sobre el Patrimonio con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año y que, en contra de la 'aspiración' guipuzcoana, no se elevará el tipo máximo del IRPF.
Si el escenario hasta hace tan sólo unas semanas apuntaba en la dirección de mantener una mayor presión fiscal que la del Estado en la imposición directa -conservar el Impuesto sobre Patrimonio y aumentar un punto el marginal del IRPF, hasta el 46%-, la reunión de ayer entre el Gobierno vasco y las diputaciones sirvió para darle una vuelta de 180 grados. Un número que coincide, aproximadamente, con los millones de euros que las arcas públicas vascas dejarán de ingresar tras la eliminación de Patrimonio, un gravamen que se había convertido en una losa para las clases medias y del que escapaban, gracias a la 'ingeniería fiscal', buena parte de las grandes fortunas.
El encuentro, en el que participó por primera vez el presidente de la Asociación de Municipios Vascos (Eudel), Jokin Bildarratz, permitió también al fisco vasco establecer una diferenciación con la estrategia que va a seguir el Estado. Así, las diputaciones han decidido actualizar en un 2% la tarifa del Impuesto sobre la Renta para 2009 -lo que se conoce como deflactar la escala- para evitar de esta forma una subida encubierta de impuestos por el alza de la inflación. Esa medidaafectará también desde el próximo mes de enero a las tablas de retenciones que aplican las empresas a sus empleados. No cubrirá todo el efecto de ajuste que sería necesario para adaptarse a la evolución real de los precios, que han crecido un 4,5% en el último año, pero al menos evitará que la progresividad del IRPF se coma una parte de los incrementos que experimentarán los salarios y las pensiones en 2009.
Acomodar la tarifa
La decisión supone también un gesto en el ámbito político. El pasado año, las haciendas vascas se vieron obligadas a adaptar la tarifa del IRPF, a regañadientes, después de que el Estado hubiese anunciado su decisión de acometer ese ajuste y de que se levantase una corriente de protesta en Euskadi. No actualizar la escala de gravamen se interpretaba, lógicamente, como el deseo de aplicar un incremento fiscal 'por la puerta de atrás'. Pues bien, en esta ocasión han sido las diputaciones las que han decidido tomar la delantera, ya que el vicepresidente económico, Pedro Solbes, ha anunciado que la Administración central no adaptará sus tarifas.
En la práctica, el Consejo Vasco de Finanzas sirvió ayer para tumbar, uno por uno, todos los planteamientos que ha hecho en las últimas semanas el diputado de Hacienda de Guipúzcoa y miembro de EA, Pello González, y que habían recibido también el respaldo del PNV guipuzcoano y del Gabinete foral que preside Olano. El titular de Hacienda de este territorio había mostrado su deseo de mantener el Impuesto sobre el Patrimonio -aunque con retoques-; de elevar el tipo máximo del Impuesto sobre la Renta, que hubiese pasado del 45% al 46%, tres puntos superior al que aplica el Estado; y e «abrir una reflexión» para eliminar la deducción de 400 euros, implantada por primera vez este ejercicio con el objetivo de dinamizar el consumo.
Unificar criterios
La pugna sorda que se había desarrollado en las últimas semanas en torno a esta cuestión ya había permitido visualizar que las diputaciones de Vizcaya y Álava no veían con buenos ojos esta 'pasada por la izquierda' de EA y el PNV de Guipúzcoa. Y a pesar de que González había realizado recientemente unas duras declaraciones advirtiendo de que «ni el Gobierno, ni Vizcaya ni Álava van a condicionar el pacto fiscal alcanzado», ayer ya entró 'autoderrotado' en la reunión del Consejo de Finanzas. Según indicaron a EL CORREO fuentes del organismo, las propias previsiones de recaudación que presentó González en la reunión partían del supuesto de que no habrá Impuesto sobre el Patrimonio en vigor a finales de 2008.
La Diputación de Guipúzcoa, mientras tanto, mantiene abierto el 'melón' de la reforma del Impuesto de Sociedades, al seguir vigente la vieja normativa que mantenía el tipo de gravamen en el 32,6%. Eusko Alkartasuna ha aceptado rebajarlo al 28% -tipo que ya se aplica en Vizcaya y en Álava-, pero el equipo de gobierno necesita ahora un aliado entre las fuerzas de oposición para que respalde la iniciativa. El PP se ha ofrecido a serlo.
