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ÁLAVA

El Ayuntamiento no llegó a pagar dos tercios y reclama el otro a los perceptores
05.11.08 -
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Vitoria detecta un fraude de tres millones en tres años en las ayudas sociales
Un hombre pide dinero a los transeúntes en plena calle Dato. / RAFA GUTIÉRREZ
Vitoria es, de largo, la capital de la comunidad autónoma que más dinero destina a empujar economías familias apuradas mediante ayudas sociales, pese a que la competencia es exclusiva del Gobierno vasco. Por una lógica regla de tres, parece también encabezar el ránking de la picaresca en torno a esas subvenciones. Así, al menos, lo sugieren las cifras oficiales del Departamento municipal de Intervención Social, encabezado por Peio López de Munain, que ha detectado un intento de fraude por valor de cerca de tres millones de euros desde 2005, según su último informe, al que ha tenido acceso EL CORREO.
Por suerte para las arcas públicas, casi dos tercios de esa cantidad no se llegaron a abonar, ya que los técnicos descubrieron alguna 'trampa' en los datos de los solicitantes antes de hacer efectivo el pago. No pasó lo mismo con el tercio restante -en torno a un millón de euros-, cuya devolución reclama el Ayuntamiento a los perceptores por incumplir algunos de los requisitos necesarios para acceder a las ayudas de emergencia social (AES) y de renta básica; o bien porque su situación económica mejoró mientras las difrutaban y lo ocultaron.
El Consistorio ha podido identificar estos casos gracias a un plan que se puso en marcha durante el mandato del anterior equipo de gobierno, del PP, con el fin de coordinar entre sí distintos departamentos e instituciones, e indagar el destino final de esas prestaciones. Es decir, si realmente iban a parar a manos de personas con dificultades serias para vivir.
Durante el último ejercicio completo, 2007, los fondos para hacer frente al abono de las AES o de la renta básica -dos subsidios que se pueden cobrar al mismo tiempo y que competen al Ejecutivo autónomo si bien el Ayuntamiento se ocupa de completarlos- ascendían a 20,3 millones de euros. Entonces, 4.776 familias las solicitaron, lo que equivale al 5% de todas las censadas en la capital alavesa.
El intercambio de información entre Intervención Social, la Hacienda foral, la Policía Municipal o el padrón permitió detectar 304 situaciones irregulares. Este número supone el 6,4% del total de titulares de esos subsidios. El porcentaje, recalcan fuentes municipales, «pone de relieve que no todo el mundo que demanda esa subvención usa la picaresca».
Ajustes en las solicitudes
En la mayor parte de los casos, los perceptores cometieron el fraude al no comunicar a las asistentes sociales alguna mejora en su situación de necesidad o al esconderles datos. Descubierto el pastel, el Consistorio optó por denegar o suspender a esas 304 familias un total de 402 ayudas.
Con posterioridad, medio centenar de esos titulares ajustaron sus solicitudes a sus realidades económicas y volvieron a cobrar las subvenciones. La institución municipal considera que estos casos suponen un fraude menor y no los computa. Entiende que son familias con derecho a percibir esos subsidios aunque no en la cuantía demandada inicialmente. Por contra, las 254 restantes -el 5,3% de los beneficiarios- no volverán a cobrar las 323 ayudas sociales que recibían.
Según los cálculos efectuados por el Departamento de Intervención Social, sólo en 2007, el intento de engaño a las instituciones -en algunos casos consumado- y, en consecuencia, el sablazo a sus arcas, se sustancia en una pérdida de 812.000 euros, el 4% del presupuesto anual para AES y renta básica. La mayor parte, cerca de 595.000 euros no llegaron a abonarse. El resto, 217.000 euros, sí y, por tanto, que el Consistorio exige que se le devuelva.
Aunque esa cantidad apenas supera de forma leve al total del dinero que algunos beneficiarios trataron de detraer de los servicios sociales el año anterior -866.841 euros en 2006- abre una brecha con respecto a 2005. En ese ejercicio, en el que se estrenó el dispositivo 'antifraudes' del Ayuntamiento a base, sobre todo, de cruces informáticos de datos, la picaresca se tradujo en algo más de 1,2 millones de euros.
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