La falacia de las soluciones buenistas al terrorismo

E l debate político en el País Vasco coquetea permanentemente con el delirio porque ni siquiera se respeta el principio de no contradicción. ¡Cuántos afirman no ser nacionalistas para acto seguido defender el 'derecho a decidir' del pueblo vasco o de los pueblos del mundo basado en identidades culturales o lingüísticas! ¡Cuántas veces no se habrá dicho que el problema del terrorismo y la violencia sólo se solucionará cuando el acceso a la independencia se pueda conseguir democráticamente, para añadir a renglón seguido que esa modificación del marco constitucional no se puede hacer como cesión a ETA!

Un buen ejemplo es el bienintencionado artículo de Suárez-Zuloaga 'Los sueños nunca mueren' (EL CORREO, 23-10-08). Tras exponer la más que discutible tesis de que ETA viene a ser un epifenómeno de un ciclo largo de violencia del País Vasco iniciado a principios del siglo XX, deja sentado que el terrorismo sólo es posible por el apoyo social que recibe. Para evitar nuevas violencias producidas por la frustración nacionalista defiende el autor la modificación del marco constitucional con objeto de hacer viable el proyecto independentista. Eso sí, para que no se diga que cedemos al terror, nos aclara que esa modificación sólo debería producirse tras la derrota del terrorismo. a pesar de que justo antes nos ha anunciado que es imposible aniquilar a ETA. ¿Cuadratura del círculo? Más bien travestismo argumental. Si quitamos el maquillaje vemos el mensaje nítidamente: el marco constitucional ha de alterarse para satisfacer al nacionalismo de cuya frustración nace la violencia. Nada nuevo. Un tópico que encierra una parte de verdad y oculta oportunamente el objetable presupuesto en el que se fundamenta.

El nacionalismo, por mucho que pueda aborrecer al terrorismo, siempre ha sido consciente de que ETA sirve para quebrar mediante la violencia la voluntad de la sociedad española y de los vascos no nacionalistas. Sin la paciente maceración de las conciencias a través del amosal, sin la asunción de la necesidad de eliminar la frustración nacionalista para terminar con la violencia resultaría imposible alcanzar un marco normativo adecuado a la ambición independentista. La inmensa mayoría de los nacionalistas no son terroristas, pero saben que los atentados no les han alejado de su objetivo final, sino que los han acercado. Por eso todos los gobiernos nacionalistas han sido conniventes o condescendientes con ETA y Batasuna, por eso han tratado de cortocircuitar todas las medidas antiterroristas eficaces y por eso -entre otras cosas- sus votantes no les han retirado su apoyo a pesar de las evidencias en este sentido.

Lo sorprendente es que frente a esta descarnada realidad políticos, opinadores o articulistas que supuestamente no serían nacionalistas no exigen el amparo del Estado de Derecho, no piden que se reaccione, que nos carguemos de razón, que defendamos la legitimidad de un sistema perfectamente democrático, la soberanía de una Nación de la que los vascos siempre fuimos parte, que actuemos en consecuencia y que denunciemos la instrumentalización de la violencia y la pretensión esencialmente antidemocrática -propia del movimiento reaccionario del romanticismo y la contrarrevolución del XIX y del nazismo en el XX- de situar el origen de los derechos políticos en la identidad cultural o etnolingüística. Sorprendentemente lo que se nos pide es que hagamos el juego al terrorismo y adecuemos todo el sistema constitucional para hacer posible la independencia con objeto de satisfacer al nacionalismo que tan benévolo se ha mostrado con ETA. No está muy claro por qué ese camino conduciría al final de la violencia: si llevamos casi mil muertos ahora que el objetivo de la independencia parece imposible, ¡cuántos asesinatos no serían capaces de cometer si tuvieran al alcance de su mano la secesión!

Justificaciones nunca faltarán. Igual que la generosidad histórica del autogobierno acordado en la Transición ni ha sido correspondida con lealtad al sistema ni ha rebajado el secular victimismo nacionalista, no hay garantía ninguna de que una modificación constitucional que hipotéticamente permitiera la independencia fuera a desterrar la violencia del discurso político. al menos mientras llegara el nacimiento efectivo de la nueva Euskal Herria. Tampoco quien propone la brillante solución trata de resolver algunos de los problemas primarios que conllevaría el derecho a la secesión: ¿Dónde reside tal derecho? ¿Quién votaría? ¿Bajo qué premisas? ¿Podrían independizarse las provincias de la comunidad autónoma? ¿Y los pueblos de las provincias? ¿Y los barrios de los pueblos? ¿Y las calles de los barrios? Etcétera.

Estos aspectos no se plantean siquiera porque, aunque se diga lo contrario, en realidad no se está hablando de dar una solución posibilista al problema y, por tanto, el análisis de la eficacia de las medidas y los detalles sobran. Se habla, consciente o inconscientemente, del déficit de legitimidad del actual sistema. Se asume el derecho del nacionalismo para exigir un sistema constitucional a su imagen y semejanza, reivindicación que se entiende no sólo como necesaria, sino como justa. Ése es el presupuesto básico sobre el que descansa la gran falacia de que la causa de ETA es la insatisfacción del nacionalismo, la causa de la insatisfacción del nacionalismo, la imposibilidad de alcanzar la independencia desde el sistema y la solución, la modificación del sistema. Nadie diría que la causa de las violaciones son las frustraciones del violador y la solución, su satisfacción sexual. Nadie diría hoy que la causa de la II Guerra Mundial fue la negativa a dar al III Reich un corredor por Polonia y que la solución habría sido concedérselo. Y la causa de que nadie plantee en estos términos esos o cualesquiera otros problemas análogos está en que se entiende que la exigencia que desemboca en el conflicto es esencialmente injusta. Por eso se rechaza la satisfacción de la petición como solución al problema. Se considera que el conflicto reside en la propia exigencia y no en la negativa a concederla.

De esta manera, los argumentos buenistas o posibilistas en el llamado conflicto vasco habitualmente travisten el discurso para esconder un punto de partida radicalmente abusivo, inmoral e infundado: la legitimidad del derecho a desmembrar un país democrático, arrebatando a los ciudadanos vascos los derechos sobre el resto de España y al resto de los españoles los derechos sobre el País Vasco, sin dejarles a estos últimos siquiera tomar parte en el proceso, y hacerlo además con fundamentos etnoculturales o etnolingüísticos y prevaliéndose de la violencia. Mirando la otra cara de la moneda se puede decir que el discurso se traviste de buenismo o posibilismo para distraer la atención del hecho básico de que desde el punto de vista histórico, sociológico, económico y político nuestra comunidad lleva siglos formando parte de España y ha creado unas vinculaciones de todo tipo tan sólidas con el resto del país que no existe ningún derecho a la independencia unilateral, lo que sería esencialmente injusto.

Si se asumiera la injusticia radical de esta reivindicación primera sería difícil volver a proponer soluciones que pasen por la consumación de la injusticia. Más bien parece que se exigiría al Estado de Derecho que utilizara todos sus recursos contra los terroristas en defensa de los ciudadanos y que no permitiera el caldo de cultivo del que nace la violencia. Quizás si se dejaran los disfraces y la discusión política en y sobre el País Vasco no fuera un juego de espejos donde casi nunca se dice la verdad, sino su reflejo invertido, se podría llegar a conclusiones que en otros lugares del planeta Tierra parecerían obvias, como que no es muy sensato permitir que la educación, la lucha antiterrorista o el poder de la economía pública queden en manos de quien en el fondo -y en no pocas ocasiones en la superficie- no asume la legitimidad del sistema, quien se muestra sistemáticamente connivente o, cuando menos, condescendiente con el terrorismo y quien, pese a todas las cesiones, mantiene una permanente reivindicación de la injusticia. No se trata de imposición o frentismo, sino de sentido común y autoprotección. Dejémonos de sueños que nunca mueren y hablemos de realidades, sin engaños ni disfraces; si lo que se propone para terminar con la violencia es cambiar todo el sistema constitucional para satisfacer las ansias independentistas, no se está tratando de alcanzar una solución posibilista, sino defendiendo la superioridad moral del nacionalismo. Y eso, con la historia, la economía, la política, el derecho, la ética o la sociología en la mano, es indefendible.