La polémica reforma educativa, el proyecto estrella de EA para la presente legislatura, no pasará del plano teórico. El Departamento vasco de Educación ha rebajado las exigencias lingüísticas, pero no ha satisfecho las condiciones impuestas por el PNV y EB para dar su visto bueno al documento, por lo que la arriesgada apuesta de Tontxu Campos para sustituir los actuales modelos lingüísticos está condenada al fracaso. En un intento desesperado por conseguir adhesiones, el consejero presentó ayer el segundo borrador de la reforma a los agentes educativos y sindicatos, lo que no ha hecho sino agudizar aún más su soledad en la defensa del proyecto: los sectores más nacionalistas que aún le apoyaban ven en el nuevo documento «un retroceso» en el proceso de euskaldunización.

Pese a quedarse huérfano de apoyos políticos -ni sus socios ni la oposición le respaldan-, Educación no tira la toalla y ayer mismo insistía en su intención de llevar el proyecto de ley al Parlamento antes de fin de año. Los responsables de EA aseguran que el texto ha sido «flexibilizado y enriquecido» con las aportaciones realizadas por los agentes de la comunidad educativa, sindicatos y partidos políticos en los últimos meses «en aras de alcanzar los objetivos requeridos con el mayor grado de consenso posible». Una de las principales modificaciones que incorpora el nuevo borrador es la ampliación de uno a cuatro años en el periodo de transición para que los centros puedan adecuarse al nuevo marco educativo. Tampoco serán castigados con la retirada de las subvenciones aquellos colegios que no cumplan los objetivos lingüísticos marcados en la normativa, aunque la Administración «tomará las medidas oportunas» en estos casos.

Respecto a la presencia del euskera, el documento mantiene que al menos el 60% de las asignaturas deberán impartirse en esta lengua, si bien rebaja esta exigencia en el Bachillerato y FP a cambio de una «mayor presencia» de los idiomas extranjeros. En la enseñanza obligatoria, los centros podrán «flexibilizar los porcentajes» e «incrementar las horas de castellano», pero sólo en aquellas localidades donde la población vascoparlante supere el 80%. En cualquier caso, los responsables del departamento recordaron que el objetivo del nuevo modelo de enseñanza es reforzar «el idioma más débil, que es el euskera» lo que «no significa -insistieron- que «se elimine el castellano».

La reforma, sin embargo, no incorpora una de las exigencias que el PNV considera imprescindible para dar su apoyo al texto: la realización de experiencias piloto en centros con distintas características sociolingüísticas durante al menos tres años antes de extender la reforma a todo el sistema educativo. EA, tras certificar su divorcio del PNV de cara a los próximos comicios, no se siente ya obligada a seguir el juego de su todavía compañero de tareas de gobierno.

En este contexto de ruptura de la coalición electoral, el consejero Tontxu Campos presentó ayer en un hotel de San Sebastián el documento a representantes de los sindicatos, asociaciones de padres de alumnos, directores de centros públicos y patronal de la escuela privada concertada. Salvo los delegados de las ikastolas y colegios privados y religiosos, que no hicieron valoraciones, el resto de asistentes se mostraron muy críticos con los cambios incorporados por Educación. Tras dos horas de reunión, nadie respaldó el nuevo planteamiento. El consejero no quiso efectuar declaración alguna.

«Brindis al sol», «irresponsabilidad», «viaje a ninguna parte», «riesgo de fraude»... La frustración fue generalizada, para algunos por exceso de inmersión lingüística; para otros, por defecto. Javier Nogales, responsable del área de Enseñanza en CC OO, -sindicato mayoritario en la escuela pública- se comprometió a estudiar el documento, aunque salió de la reunión con una conclusión categórica: «Nos parece una irresponsabilidad presentar una segunda propuesta que no cuenta ni siquiera con el aval del conjunto del Gobierno. Es un documento que si no concita ni el consenso en el seno del Gobierno vasco, mal podrá conseguirlo en el seno de la comunidad educativa». Además «no ha quedado nada claro» que la viceconsejería de Política Lingüística -que ha apostado por lograr amplios consensos para avanzar en la euskaldunización- haya informado «positivamente» sobre esta propuesta.

«Un mal chiste»

Las centrales nacionalistas ELA, STEE-EILAS y LAB, que suscribían la reforma en todos sus términos, ven en su versión 'ligth' un «retroceso» en la consecución de los objetivos de inmersión lingüística. Xabier Expósito, de ELA, considera que «empeora mucho el proyecto original» al supeditarlo a un consenso que «no parece garantizado». «La anterior propuesta era floja, pero ésta es un paso atrás que entorpece el proceso de euskaldunización», consideró Mari Carmen Urteaga, de LAB. «La prórroga de cuatro años supondrá 16 años de implantación. Parece un mal chiste. Estábamos más esperanzados con el proyecto original», apuntó Jon Moñux (STEE-EILAS).

La portavoz de la Confederación de Padres de la Escuela Pública Vasca, Ana Eizaguirre, no quiso pronunciarse hasta leer el texto con detenimiento, si bien adelantó que «apoyaremos cualquier propuesta que garantice que el alumnado sea bilingüe al terminar la escolarización obligatoria» un objetivo que, a su juicio, queda en entredicho con el nuevo borrador.