336 personas ensayarán el proyecto
336 personas ensayarán un proyecto dirigido a que las ayudas sociales«sean transitorias»
La Diputación vizcaína ha iniciado un plan piloto destinado a facilitar la integración social y laboral de las personas que reciben ayudas de renta básica. Se trata de un proyecto común entre los departamento de Acción Social y Empleo y Formación, surgido a raíz de un seminario celebrado durante el pasado verano en el que tomaron parte representantes de la Administración, la universidad, las entidades bancarias e iniciativas de lucha contra la exclusión.
Los servicios sociales de base seleccionarán a 336 personas, de 20 a 65 años y residentes en los barrios de Uribarri, Zurbaran, San Francisco y La Peña de Bilbao, en Barakaldo, Getxo, Busturialdea, Bermeo y Encartaciones. Representarán al 5% de los perceptores de renta básica, ya que en Vizcaya hay 23.000 familias en esta situación. Los seleccionados serán quienes comprueben la eficacia de los itinerarios de inclusión social y laboral que contempla el proyecto durante dos años.
Y es que, salvo el porcentaje de perceptores de ayudas sociales que no pueden acceder a un puesto de trabajo por cuestiones de edad, «una mayoría podría integrase en el mercado si tiene los apoyos necesarios», apuntó Juan María Aburto, diputado de Acción Social. Así pues, el objetivo del plan es activar mecanismos de promoción personal y de capacitación que les acerquen al empleo, «porque estamos convencidos de que la percepción de renta básica debe ser una situación transitoria hasta encontrar un empleo y no una situación crónica», defendió.
En realidad, según Aburto, en Vizcaya hay pocos receptores de ayudas 'crónicos'. «El porcentaje más alto son los que entran y salen del sistema. La mayoría no cobra la renta básica durante más de 18 meses, y otros muchos consiguen salir en seis», explicó. Pese a la «heterogeneidad» de quienes se ven obligados a recurrir a estas ayudas, hay otros tres grandes grupos en esta situación: «Las viudas, a las que evidentemente no hay que activar para el empleo; familias monoparentales e inmigrantes, que no son mayoría y cuyo problema de inserción laboral no es la capacitación, sino su irregularidad administrativa», describió Aburto.
La preocupación de la Diputación por activar a estas personas no es nueva. Ya existen convenios para ello, «pero no están funcionando», admitió Aburto. Los participantes se dividirán en tres grupos. El 40% serán personas capacitadas con problemas leves de inserción, así que diseñarán para ellos itinerarios de acceso al empleo. Otro 50% serán personas con problemas moderados de inserción. Ellos serán encaminados a empleos protegidos. El otro 10% serán personas con problemas graves, no preparadas para acceder a un puesto de trabajo, cuyo objetivo será integrarse en su entorno.
